La frontera entre los negocios privados y el ejercicio del poder público se ha borrado por completo en Nuevo León. La apertura de una nueva y profunda línea de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), empujada por denuncias de la dirigencia nacional de Morena y confirmada por fuentes del gabinete de seguridad federal, pone al descubierto un fenómeno de captura institucional. No estamos ante el clásico desvío de recursos mediante maletines de efectivo; los hallazgos describen una red de ingeniería fiscal sofisticada que utiliza firmas logísticas transfronterizas y pasarelas digitales de pago con un único propósito: alimentar las cuentas de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho privado del Gobernador Samuel García Sepúlveda y su padre.
El mito de la “nueva política” en Nuevo León se desmorona bajo el peso de transferencias internacionales, empresas fachada y un mecanismo de triangulación financiera que extrae millones del erario público para depositarlos de forma directa en las cuentas del Gobernador Samuel García Sepúlveda y de su círculo íntimo, encabezado por su mano derecha Miguel “Mike” Flores.
Este entramado criminal, que opera de forma paralela a otros desfalcos detectados desde marzo de 2024, evidencia que el círculo más cercano al mandatario, donde destaca el Secretario General de Gobierno, Mike Flores Serna, ha estructurado un holding de lavado de dinero aprovechando las lagunas fiscales del comercio exterior y las plataformas de tecnología financiera (Fintech). Mientras la ciudadanía regiomontana padece el colapso del transporte, deficiencias en el sistema de salud estatal y una crisis de seguridad sin precedentes, el aparato de gobierno se ha transformado en una maquinaria de facturación y retorno de capitales.
La Conexión Transfronteriza: El circuito Laredo y el clan Peñalver
El expediente en manos de las autoridades federales detalla de forma quirúrgica el primer modus operandi de extracción. La pieza inicial del engranaje es la empresa Suministro MYR, una de las consentidas del sexenio, que ha obtenido contratos del erario emecista por más de 1,400 millones de pesos bajo el concepto de proveedura alimentaria para centros penitenciarios y corporaciones policíacas.
A partir de ahí, el dinero inicia un viaje de difuminación:
- Los fondos públicos asignados a MYR se transfieren a su filial, Proveedora de Productos Mexicanos Jace.
- Jace dispersa el capital hacia empresas transportistas y de logística localizadas en el norte del país, como Transportes Norkux (bajo la lupa como presunta empresa fachada) y VGL Logística y Soluciones Integrales.
- El dinero cruza la frontera y aterriza en las cuentas de Trinational Express Logistics, una corporación constituida en Laredo, Texas, en mayo de 2021.
La Auditoría de la FGR detectó el punto de fuga político: el fundador y operador de la firma texana es Eric Peñalver Serna, primo hermano directo de Mike Flores. A través de este canal binacional, la red movilizó la suma de 22 millones de dólares. El retorno del dinero hacia los bolsillos del gobernador se ejecutó con precisión matemática: entre agosto de 2025 y febrero de 2026, la empresa del primo de Mike Flores transfirió 90 millones de pesos al despacho privado de Samuel García mediante 18 operaciones espejo, todas congeladas en montos exactos de 5 millones de pesos. Los conceptos, según las facturas analizadas, simularon asesorías jurídicas e inmobiliarias totalmente inexistentes.
El lavado digital: La coartada de las redes sociales y PayU
La segunda vertiente de la indagatoria federal se adentra en el terreno de los activos intangibles, utilizando la propaganda gubernamental como la cortina de humo perfecta. La empresa Nauka Comunicación Estratégica opera como el pivote de un conflicto de interés monumental. Por un lado, factura 123 millones de pesos directamente al Gobierno del Estado por manejo de pauta digital en plataformas digitales; por el otro, su segundo cliente más importante es la firma jurídica privada del gobernador, a la que le ha facturado 81.6 millones de pesos.
Para romper la trazabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y burlar los algoritmos de prevención de lavado del sistema bancario tradicional, Nauka retiró 50 millones de pesos y los inyectó en la procesadora de pagos electrónicos PayU de México. La técnica, conocida en el argot financiero como “pitufeo” o atomización virtual, consistía en fragmentar esos millones de pesos en miles de microtransacciones que simularan compras comerciales ordinarias de comercio electrónico. La hipótesis central del Ministerio Público Federal es contundente: el dinero atomizado siguió una ruta oculta para volver a concentrarse en las cuentas de la firma de abogados de la familia García, transformando el gasto de comunicación social en utilidades privadas directas para el Ejecutivo.
El costo de la impunidad de Samuel García
La acumulación de estas pruebas documentales por parte de la FGR destruye por completo el discurso de incorruptibilidad que Movimiento Ciudadano ha pretendido exportar al resto del país. Con Samuel García enfocado obsesivamente en construir una candidatura presidencial para el año 2030 y su esposa, Mariana Rodríguez, operando las estructuras del partido para buscar la gubernatura, el destape de estas operaciones multimillonarias coloca a la administración en un punto de no retorno. La dirigencia nacional de Morena, con Ariadna Montiel a la cabeza, ha advertido que la fiscalización sobre el uso del erario de Nuevo León para promover la imagen de la pareja y financiar su estructura de negocios familiares será implacable.
El expediente de la FGR demuestra que en Nuevo León los proveedores del estado no compiten por calidad o precio, sino por su disposición a integrarse al esquema de retornos financieros operado por los parientes de Mike Flores. El diseño institucional del estado ha sido secuestrado por un holding familiar que descubrió que el derecho corporativo y el marketing digital son las herramientas ideales para saquear el presupuesto público con apariencia de legalidad. Las pruebas están en manos de los jueces federales, y el veredicto social ya ha comenzado a sepultar la credibilidad de la actual administración.
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