Los transportistas encargados de mover materiales pesados en el norte del país denuncian que los policías de Samuel García y diversas corporaciones municipales mantienen un constante acoso en las carreteras del estado, cobrando moches que estrangulan la movilidad. Esta situación de corrupción e impunidad ya escaló al ámbito federal, pues los oficiales frenan los camiones de carga pesada que suministran insumos para la infraestructura ferroviaria nacional, afectando los tiempos de entrega programados por la federación.
Las autoridades de Salinas Victoria detienen el avance del tren
Los oficiales de tránsito y seguridad de este municipio, encabezados por mandos policiacos que ya arrastran acusaciones de extorsión desde el año 2024, montaron retenes permanentes para interceptar a las unidades pesadas. Los choferes denuncian que les quitan los camiones sin justificación alguna al salir de los predios particulares donde cargan tierra y piedra, argumentando de forma ilegal que no cuentan con los permisos necesarios para realizar sus actividades ordinarias.
Debido a que estas patrullas se dedican a cazar a los choferes en los cruces estratégicos hacia las carreteras estatales, las autoridades de Salinas Victoria detienen el avance del tren de forma indirecta al bloquear los insumos básicos. Las unidades retenidas terminan en el corralón con multas que van de los 30 mil a los 50 mil pesos, obligando a los transportistas a enfrentar cobros desmedidos para recuperar sus herramientas de trabajo mientras los mandos locales solapan las extorsiones.
Constructora ICA, el objetivo principal
El sindicato de transportistas de la CROC reveló que el acoso escaló de tal forma que ya se generó un desabasto severo de materiales en los patios operativos de la zona. La constructora ICA es la empresa encargada de edificar el proyecto federal y, actualmente, observa cómo casi la mitad de la flotilla de camiones subcontratados permanece bajo el resguardo ilegal de las grúas municipales o escondida por temor a las represalias de los uniformados.
Incluso el propio dirigente sindical fue detenido incomunicado por tres días, fotografiado con armas largas y expuesto públicamente como un delincuente solo por intentar documentar con fotografías cómo los policías de Samuel García y los agentes locales amedrentaban a los trabajadores. Ante esta hostilidad, la empresa constructora ha tenido que pedir auxilio a corporaciones como la Guardia Nacional, aunque las policías locales ignoran las peticiones federales y continúan con los decomisos.
Un daño colateral: la Presidenta Claudia Sheinbaum
La constructora afectada no puede avanzar al ritmo requerido en los tramos asignados dentro del territorio de Nuevo León, lo que frena directamente una de las promesas de conectividad más importantes de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los transportistas locales y de estados vecinos exigen que la federación intervenga de manera urgente, ya que las autoridades estatales están más enfocadas en eventos internacionales que en frenar la delincuencia de sus propias corporaciones.
La falta de garantías de seguridad para el libre tránsito en las rutas estatales pone en riesgo las metas de infraestructura del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras el gobernador no ponga orden en las corporaciones de vialidad del estado, los proyectos de infraestructura estratégica seguirán secuestrados por los oficiales que buscan enriquecerse a costa de los operadores de carga.
Proyecto del tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo
La conectividad del norte de México padece las consecuencias de este esquema de extorsión institucionalizada que ahuyenta a los proveedores de servicios de fletes. El desarrollo del proyecto del tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo se encuentra bajo una parálisis parcial en los tramos de San Javier y Lampazos, debido a que las células policiacas locales impiden la libre circulación de las góndolas cargadas con balasto y terracería.
A raíz de esta cacería vial, se decretó un paro forzado de labores por acoso que mantiene a los choferes de brazos cruzados para evitar que sus unidades terminen en los corralones municipales. Esta situación genera el impacto financiero en los trabajadores, quienes al operar apenas con un porcentaje mínimo de sus unidades registran pérdidas críticas que ponen en riesgo el sustento de las familias que dependen totalmente del transporte de carga pesada en la entidad.
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