Las repercusiones por los festejos mundialistas en la capital del estado escalaron al terreno judicial. Bloques opositores en el Congreso local formalizaron una querella penal en la que acusan a Samuel García y Mariana por usar el dinero de Nuevo León para financiar operaciones de marketing político. La denuncia señala de manera directa el desvío de personal de la burocracia, vehículos del estado y el montaje de un masivo evento de color naranja financiado con recursos públicos.
Quiénes denunciaron a Samuel García y Mariana Rodríguez
Ante las graves implicaciones del caso, en el entorno político regional trascendió de inmediato quiénes denunciaron a Samuel García y Mariana Rodríguez ante las dependencias correspondientes.
Los promoventes aportaron pruebas que presuntamente configuran delitos graves como malversación de fondos públicos, abuso de funciones institucionales y peculado. El grupo de legisladores subrayó que no es permisible el uso de horarios de oficina ni el traslado forzado de empleados públicos para inflar eventos masivos diseñados con fines estrictamente particulares.
Países bajos en el Mundial del 2026
Los señalamientos de la oposición se desprenden de las actividades organizadas alrededor del juego que disputaron las selecciones de Marruecos y países bajos en el Mundial del 2026. La denuncia detalla que el gobierno estatal estructuró el recorrido masivo “Orange Fan Walk”, valiéndose de la coincidencia del color del uniforme europeo con el de su propia organización política para repartir miles de playeras a los asistentes.
Adicionalmente, se cuestionó severamente el despliegue aéreo del helicóptero oficial Black Hawk, el cual habría realizado vuelos de resguardo y lucimiento de imagen sin una justificación de seguridad pública real. Estas maniobras, según los legisladores, violan flagrantemente los mandatos constitucionales de imparcialidad y neutralidad que rigen el ejercicio del gasto en las dependencias oficiales.
Salpican a Mariana Rodríguez Cantú
El recurso legal exige que las autoridades deslinden responsabilidades penales en torno a la participación y beneficio directo que pudo haber obtenido Mariana Rodríguez Cantú en su rol al frente de la oficina honorífica AMAR a Nuevo León. Los legisladores argumentan que existió un uso articulado de las plataformas de comunicación social, logística y contratos de proveeduría del estado para favorecer la proyección mediática de la pareja gobernante.
La Fiscalía especializada comenzó la integración de la carpeta bajo sospechas de coacción y conflicto de interés institucional. Mientras se desahogan las pruebas, la discusión pública arrecia, pues los ciudadanos reprueban que acusan a Samuel García y Mariana por usar el dinero de Nuevo León en dinámicas de posicionamiento web y activismo partidista, en lugar de inyectar esos capitales millonarios en el abasto de insumos médicos de los hospitales locales.
El abandono de funciones en el Parque Fundidora
De acuerdo con el expediente entregado a la justicia, el aparato gubernamental descuidó sus obligaciones operativas prioritarias para coordinar una movilización en el Parque Fundidora. Los inconformes alegan que el presupuesto estatal fue empleado de manera ilegal para posicionar la marca de su partido político, provocando malestar entre los ciudadanos por las carencias presupuestales desatendidas en otras áreas sensibles.
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