La polémica por el alto costo de la reforestación en la Alameda de Monterrey ha escalado al Congreso local, donde diputados exigieron al Gobierno del Estado cancelar el convenio con la asociación Reforestación Extrema, señalando un posible mal uso de recursos públicos y un gasto fuera de toda lógica.
La alarma se encendió tras revelarse que la plantación de 308 árboles en la Alameda costó 38 millones 732 mil pesos, es decir, más de 125 mil pesos por árbol, una cifra calificada por los legisladores como un “robo en despoblado” y un insulto para la ciudadanía. Este tema ha despertado indignación en redes sociales y en la opinión pública, generando cuestionamientos sobre la transparencia y el destino del dinero estatal.
Legisladores exigen acciones inmediatas
Entre las voces más críticas se encuentran los diputados, quienes pidieron al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, actuar de inmediato y cancelar cualquier vínculo con la organización dirigida por Cosijoopii Montero. Según Serrato, no puede tolerarse que recursos públicos sean desviados bajo el pretexto de proyectos ambientales.
La diputada destacó que el elevado costo de los árboles es una ofensa para la población y aseguró que este gasto representa un posible caso de desvío de recursos públicos. En ese sentido, hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que profundice en la revisión de la cuenta pública y no descarte acciones penales si se comprueban irregularidades.
Serrato subrayó que esperan resultados claros en octubre, cuando se presenten los informes de la cuenta pública 2024, y recalcó que no bastan observaciones administrativas, sino que se requieren sanciones y, de ser necesario, procesos legales contra quienes resulten responsables.
Diputados locales exigieron a Samuel cancelar el convenio con Reforestación Extrema tras revelarse que cada árbol en la Alameda costó 125 mil pesos, cifra calificada como "robo". Piden investigar los desvíos del gobernador y sus amigos. 🌳
— La Razón NL (@Larazon_nl) July 8, 2025
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Críticas a los costos a Reforestación Extrema
El proyecto de reforestación fue presentado como una iniciativa para recuperar espacios verdes en la Alameda, un lugar emblemático para los regiomontanos. Sin embargo, el hecho de que cada árbol costara más de 125 mil pesos, cuando el mismo Cosijoopii Montero aseguró en entrevistas previas que el precio real ronda los 14 mil pesos, levantó fuertes sospechas.
De acuerdo con cálculos presentados por los legisladores, el monto pagado por árbol es 798% superior al precio estimado originalmente y 563% más caro que el costo reportado por el municipio de Monterrey en intervenciones similares.
Otros diputados calificaron el gasto como “un insulto” y un claro “asalto” al presupuesto público. Exigieron a Raúl Lozano que ponga fin al convenio con Reforestación Extrema y corrija el manejo de los recursos. Además, pidió abrir la puerta a otras organizaciones o proveedores para evitar monopolios y asegurar precios justos en futuros proyectos ambientales.
Reclamos sobre la relación de Samuel García con asociaciones
Por su parte, otras bancadas del Congreso se unieron a las exigencias y expresó que la administración estatal debe hacer un análisis a fondo de todos los convenios firmados con Reforestación Extrema. Guerra señaló que aunque es positivo colaborar con organizaciones civiles, no se puede permitir que se trabaje únicamente con una sola asociación, especialmente cuando los costos están fuera de toda proporción.
El legislador consideró indispensable evaluar si existen conflictos de interés o beneficios indebidos para funcionarios o allegados. Para ellos, la transparencia debe ser la prioridad en el manejo del recurso público, y recordó que la confianza ciudadana en el gobierno depende en gran parte de la claridad con la que se administren los fondos estatales.
Aunado a las declaraciones en el Congreso, diversos ciudadanos y colectivos ambientalistas han comenzado a exigir explicaciones públicas, considerando que el presupuesto destinado a reforestar podría haberse utilizado para financiar múltiples proyectos de mantenimiento, rehabilitación de parques y ampliación de áreas verdes en colonias populares.
La indignación se incrementa al considerar que, mientras se destinan millones a estos contratos, muchas áreas verdes en la zona metropolitana carecen de mantenimiento básico, sufren vandalismo o simplemente se encuentran en estado de abandono.
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