El escándalo de complicidad entre el gobierno estatal y empresarios señalados por la justicia escaló a un enfrentamiento directo entre instituciones. La Fiscalía General de Justicia exigió una investigación a fondo y castigos contundentes contra la secretaría de seguridad de Samuel García, luego de confirmarse que personal bajo su mando operó un traslado irregular para sacar de prisión a un inculpado por fraude inmobiliario, frenando el curso legal que reclaman cientos de afectados por el colapso de Proyectos 9.
- El reclamo público de Javier Flores pidiendo una corrección disciplinaria urgente para los custodios del Cereso de Apodaca
- La total falta de comunicación entre la administración penitenciaria y los jueces encargados del caso inmobiliario
- El riesgo de impunidad en las carpetas de investigación que superan los mil 200 millones de pesos tras este trato preferencial
- La confirmación oficial de que José Lobatón sí regresó a su celda después de la polémica salida al médico
- El ambiente de tensión política generado porque el gobierno no avisó a la autoridad sobre este movimiento de alto perfil
El reclamo público de Javier Flores pidiendo una corrección disciplinaria urgente para los custodios del Cereso de Apodaca
En un enérgico pronunciamiento, el encargado de la Fiscalía, Javier Flores, expuso el actuar negligente de los mandos policiales y demandó medidas correctivas inmediatas contra los custodios del Cereso de Apodaca que ejecutaron la excarcelación:
“La información que se nos brindó por el Cereso fue en el sentido de que fue una atención médica que indebidamente no avisaron a la autoridad judicial… corresponde a la Secretaría de Seguridad hacer la investigación de esa naturaleza e imponer la corrección disciplinaria que corresponda.”
El fiscal subrayó que las áreas operativas del Ejecutivo ignoraron los filtros más básicos de legalidad penitenciaria para conceder privilegios injustificados.
La total falta de comunicación entre la administración penitenciaria y los jueces encargados del caso inmobiliario
La ruptura en los protocolos exhibió un desprecio institucional hacia el Poder Judicial. Mientras el juez de la causa preparaba el inicio formal del careo, la directiva del reclusorio ya había abierto las rejas sin emitir un solo oficio preventivo. Esta desconexión deliberada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal obligó a diferir la diligencia procesal, dejando en claro que la administración de Samuel García priorizó las comodidades de un interno por encima del mandato de los tribunales.
El riesgo de impunidad en las carpetas de investigación que superan los mil 200 millones de pesos tras este trato preferencial
La permisividad gubernamental encendió las alarmas entre los despachos legales que representan a las víctimas. El proceso penal involucra un desfalco patrimonial que supera los mil 200 millones de pesos en desarrollos comerciales y residenciales que jamás fueron concluidos. Para las cientos de familias perjudicadas, que la corporación estatal facilite salidas oportunas al inculpado siembra una grave advertencia de encubrimiento, donde el poder político parece operar para desgastar los procesos y congelar la reparación del daño.
La confirmación oficial de que José Lobatón sí regresó a su celda después de la polémica salida al médico
Ante el revuelo público y la exigencia de explicaciones en tribunales, las autoridades estatales apresuraron el retorno del acusado una vez concluida su revisión médica externa. La Fiscalía confirmó que José Lobatón reingresó al centro penitenciario para continuar bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, aunque la maniobra ya había cumplido con su verdadero objetivo: dilatar el proceso penal y librar la comparecencia judicial programada para esa jornada.
El ambiente de tensión política generado porque el gobierno no avisó a la autoridad sobre este movimiento de alto perfil
El desacato penitenciario desató un nuevo choque de poderes en la entidad. La negativa del Ejecutivo estatal a coordinarse con los jueces para trasladar a un interno de tan alto impacto mediático y económico no es vista como un simple descuido administrativo, sino como un acto deliberado de blindaje político. En el Congreso y los tribunales crece la certeza de que el gobierno naranja está dispuesto a saltarse las leyes con tal de proteger a figuras de cuello blanco ligadas a intereses inmobiliarios.
En resumen, la exigencia de la Fiscalía para sancionar al sistema penitenciario exhibió la complicidad de la administración de Samuel García al permitir la salida discrecional de José Lobatón sin conocimiento del juez, estancando el litigio por el fraude de 1,200 millones de pesos y profundizando la desconfianza ciudadana en las dependencias de seguridad del estado.
¿Consideras que la Secretaría de Seguridad actuó por negligencia propia o acató una instrucción directa de palacio de gobierno para proteger al acusado?
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