La detención de Luis ‘N’, activista del colectivo ‘Voz de los Usuarios’, tras una manifestación contra el aumento al transporte público en Monterrey, ha generado una ola de protestas. Acusado de cinco delitos, enfrentará el proceso bajo arraigo domiciliario, mientras colectivos denuncian abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos.
Desde que comenzaron las manifestaciones contra el alza al transporte público en Nuevo León, varios ciudadanos se han enfrentado no solo a indiferencia institucional, sino también a lo que diversos colectivos consideran actos de represión. Uno de los casos más representativos de esta situación es el de Luis Castillo y su esposa Kelly Torres.
Luis fue detenido tras participar en una protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno en Monterrey. Su crimen: alzar la voz contra el llamado tarifazo. Aunque en teoría México garantiza el derecho a manifestarse, este caso revela lo contrario. Ahora enfrenta un proceso penal que podría derivar en hasta 10 años de prisión, dependiendo de los cargos que finalmente se le imputen.
Pero el caso no terminó ahí. Días después de la detención de Luis, su esposa Kelly Torres recibió un citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de Justicia. Ella también ha sido parte del colectivo La Voz de los Usuarios, grupo que ha encabezado protestas y exigido transparencia en la gestión del transporte.
Detención De Activista Desata Reacciones Ciudadanas
El sábado 20 de abril, durante una manifestación en la Explanada de los Héroes en Monterrey, Luis ‘N’, de 38 años, fue detenido por elementos de Fuerza Civil. La protesta, organizada contra el alza en las tarifas del transporte público, terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales.
De acuerdo con la versión oficial, el activista habría agredido a uniformados y causado daños a la fachada del Palacio de Gobierno. Esto habría motivado su detención y posterior traslado a instalaciones de la autoridad. Sin embargo, colectivos ciudadanos aseguran que su arresto fue arbitrario.
Kelly Torres, esposa del detenido, denunció que Luis estuvo incomunicado por al menos dos días. Tampoco se le permitió notificar a su familia ni ejercer su derecho a la defensa en tiempo y forma. Esta situación ha sido señalada como un posible caso de abuso por parte de los elementos policiacos.
¿Por Qué Se Le Vinculó A Proceso?
El lunes 22 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que Luis ‘N’ fue formalmente vinculado a proceso por un juez de control. El activista será investigado por los delitos de desorden público, ataques a instituciones, daño en propiedad ajena, daño agravado y resistencia de particulares.
A pesar de estas imputaciones, se determinó que podrá llevar el proceso en arraigo domiciliario, portando un brazalete electrónico durante el tiempo de investigación complementaria. Este periodo se ha fijado en dos meses.
En paralelo, diversos grupos ciudadanos denunciaron que, al momento de su detención, Luis contaba con un amparo que debió protegerlo legalmente. A pesar de ello, dicho documento habría sido ignorado por las autoridades, lo cual representa una falta grave al estado de derecho.
Ciudadanos Exigen Respeto Al Derecho A Protestar
La detención de Luis no solo ha indignado a su familia y al colectivo ‘Voz de los Usuarios’, sino que ha motivado nuevas manifestaciones en la ciudad. Un día después de su audiencia, cerca de cincuenta personas se reunieron frente al Palacio de Justicia para exigir su liberación y denunciar la represión del gobierno estatal.
Durante la protesta, los manifestantes bloquearon momentáneamente las avenidas Rodrigo Gómez y Fidel Velázquez. Entre gritos y pancartas, exigieron al gobierno de Samuel García garantizar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente sin represalias.
Los colectivos han insistido en que el caso de Luis no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón de criminalización de la protesta social en Nuevo León. Por ello, han pedido a organismos de derechos humanos y a la Comisión Estatal que intervengan para garantizar un proceso justo.
Autoridades Bajo Críticas Por Abuso De Poder
Aunque la Fiscalía ha mantenido una postura discreta, el proceder de Fuerza Civil y la supuesta omisión del amparo han avivado críticas contra el gobierno estatal. Diversas voces han advertido que esta situación podría marcar un precedente negativo para los movimientos sociales en la entidad.
Organizaciones como ‘Ciudadanos por la Dignidad’ y ‘Frente Nuevo León’ han pedido una revisión independiente del actuar policial durante la protesta del 20 de abril. Además, han solicitado que se transparente el proceso judicial y se garantice el cumplimiento de los derechos del detenido.
En redes sociales, usuarios han señalado que mientras los casos de corrupción o violencia no reciben la misma celeridad, las protestas ciudadanas sí son perseguidas con rigor. La narrativa de represión y abuso sigue creciendo, y el gobierno de Samuel García se enfrenta a una presión creciente por parte de la sociedad civil.
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