El modelo de transporte público implementado recientemente por Samuel García en Nuevo León, que apuesta por la exclusividad del pago digital, se ha convertido en una barrera para miles de ciudadanos. Lo que comenzó como un proyecto de modernización hoy despierta cuestionamientos y protestas, especialmente de adultos mayores, personas con discapacidad y sectores con bajos recursos que no pueden adaptarse al nuevo sistema.
Testimonios que retratan el problema
Durante una audiencia pública organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) el pasado 24 de junio, varios usuarios expusieron las complicaciones que enfrentan a diario. Lydia Reyna, una adulta mayor, explicó que antes contaba con tarifa preferencial, pero ahora ya no. Además, relató que el hecho de no contar con un método digital de pago la obliga a esperar más tiempo y pagar tarifas completas. “Me siento discriminada. La movilidad es un derecho y ahora me lo están quitando”, expresó con frustración.
El problema se agrava cuando se habla de personas con discapacidad. María Mercedes, quien utiliza una silla de ruedas, comentó que el transporte público no está diseñado para ella: “Las rampas no funcionan, los choferes no se detienen y, para colmo, exigen una tarjeta o aplicación para subir. No siempre tengo datos ni celular. Si voy sola, no puedo viajar”, relató.
Además, las personas con discapacidad visual enfrentan un reto aún mayor. Según el Banco de México, estos ciudadanos tienen un control más seguro sobre su dinero en efectivo debido a las características físicas de billetes y monedas. La eliminación del efectivo les arrebata esa autonomía y las aplicaciones móviles no siempre tienen opciones accesibles, como lectores de voz eficaces, lo que vulnera su derecho a decidir y moverse libremente.
CEDHNL exige respeto a derechos humanos
La CEDHNL denunció que la imposición del pago electrónico viola principios básicos de acceso universal, discriminando especialmente a quienes no tienen acceso a tecnología o recursos suficientes. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), más de 24 millones de personas en México no poseen un teléfono móvil.
Esto significa que una gran parte de la población queda fuera del sistema de transporte, obligada a buscar alternativas o, peor aún, a quedarse en casa. Para la CEDHNL, la exclusión no solo es técnica, sino profundamente social y económica.
El 25 de junio, la comisión presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar los artículos 4, 144 y 70 de la Ley de Movilidad. La propuesta busca restituir el pago en efectivo y devolver la libertad de elegir el método de pago más adecuado para cada persona.
El argumento central es claro: el transporte público es un derecho y no puede convertirse en un lujo ni depender de la conectividad o la tecnología. La exclusividad digital incrementa la desigualdad y afecta a los grupos que ya enfrentan mayores barreras en su día a día.
En #NuevoLeón, los constantes cambios a las cuotas, unidades y reformas en materia de movilidad afectan gravemente a los grupos de atención prioritaria que requieren moverse en transporte público. 🚌❌#TeConvieneSaberMás 🔎https://t.co/gFYUZdIhah
— 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) June 27, 2025
Impacto en estudiantes y usuarios frecuentes
La problemática no se limita a adultos mayores y personas con discapacidad. Los estudiantes, particularmente aquellos que no pertenecen a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), han quedado fuera de las tarifas preferenciales. Jóvenes de otras universidades y de niveles básicos deben pagar tarifas completas, lo que representa un golpe económico importante para muchas familias.
En un contexto donde la educación y el transporte deberían estar alineados para apoyar a la juventud, el sistema actual parece ir en la dirección opuesta. Además, el tiempo extra que implica buscar estaciones donde recargar las tarjetas o tener que esperar unidades que acepten la tarjeta “Me muevo” o la app “Urbani” solo aumenta el desgaste y las dificultades.
A esto se suman los problemas técnicos: la app falla constantemente, no reconoce pagos o tarda en reflejarlos. Los usuarios reportan que se quedan varados, incluso después de haber pagado digitalmente. Estas experiencias refuerzan la percepción de un sistema mal planeado y poco empático.
Acciones legales y resistencia ciudadana
Ante el creciente malestar social, la CEDHNL emitió en mayo de 2024 la recomendación 09VG/2024, donde alertó que la política del cobro digital exclusivo violenta al menos 15 derechos fundamentales, incluyendo la movilidad, la vida digna, la salud, la educación y el trabajo.
Además, colectivos ciudadanos interpusieron amparos en diciembre de 2024 y enero de 2025 para frenar tanto el aumento de tarifas como la obligatoriedad del pago digital. Actualmente, estos amparos están en proceso judicial y buscan frenar la discriminación estructural que ha surgido a raíz de la reforma.
Uno de los puntos más criticados es la falta de consultas ciudadanas antes de implementar los cambios. Activistas señalaron que el proceso fue opaco y se saltaron etapas básicas de participación pública. Además, denunciaron el “dobleteo” de funciones en la administración, especialmente el caso de Abraham Vargas Molina, quien ocupa tanto el cargo de encargado del despacho del Instituto de Movilidad como el de director de Metrorrey.
El gobierno estatal respondió argumentando que los activistas demandantes “no usan transporte público” y justificó la doble función de Vargas Molina como un cargo honorario. Sin embargo, estas justificaciones no han detenido la indignación ciudadana ni la preocupación de los colectivos.
En el fondo, la problemática refleja una tensión entre la necesidad de modernización y la obligación de respetar los derechos humanos. La tecnología, aunque necesaria para avanzar, no puede convertirse en un requisito excluyente que deje fuera a quienes más necesitan apoyo.
La sociedad exige un modelo de transporte inclusivo y verdaderamente accesible. La posibilidad de pagar en efectivo no debería verse como un retroceso, sino como un puente hacia la equidad. Un sistema moderno debe ser capaz de adaptarse a todos los sectores, no solo a aquellos con acceso a smartphones y datos móviles.
El gobierno estatal enfrenta ahora un desafío mayor: recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las políticas públicas respeten y protejan los derechos fundamentales.
Mientras tanto, la CEDHNL y los colectivos seguirán impulsando reformas, promoviendo amparos y exigiendo justicia. La discusión está lejos de terminar y marcará el futuro de la movilidad en Nuevo León.
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