Las conexiones financieras y empresariales en torno a proyectos de infraestructura en Nuevo León han generado un intenso debate sobre la transparencia en la administración de recursos públicos. En el centro de esta controversia se encuentra un terreno de 17.6 hectáreas en la exclusiva zona de la Mesa de la Corona, en San Pedro, cuyo valor se estima en más de 700 millones de pesos. Este terreno fue cedido al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, como dotación en pago, lo que ha suscitado preguntas sobre las posibles implicaciones de esta transacción en los contratos millonarios asociados a la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro.
Conexiones entre empresas y contratos del Metro
Las investigaciones periodísticas han revelado que el Grupo Gentor, la empresa que cedió el terreno al Gobernador, está vinculada a una red de pagos y contratos que involucran a la constructora Mota-Engil México y al despacho jurídico propiedad de Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro. Según documentos obtenidos por El Norte, estas conexiones están centradas en Sergio Dávila González, quien figura como socio o apoderado en varias empresas relacionadas con estos proyectos. Dávila también opera North American Heavy Equipment (NAHE), una empresa que ha pagado más de 128.3 millones de pesos al despacho del Gobernador, lo que ha levantado sospechas sobre la naturaleza de estos pagos.
La relación entre estos pagos y los contratos del Metro se vuelve aún más relevante al considerar que los pagos al despacho legal del Gobernador comenzaron poco después de que el Gobierno estatal adjudicó a Mota-Engil la construcción de las nuevas líneas del Metro. El contrato, firmado en octubre de 2022, marca el inicio de una serie de transacciones que han sido cuestionadas por su falta de claridad y por las posibles implicaciones de conflictos de interés.
Cuestionan la transparencia en el Gobierno
La empresa Mota-Engil no actuó sola en este complejo entramado financiero. El mismo día en que se firmó el contrato, Mota-Engil se asoció con Inversiones Productivas del Norte (IPN) para crear la empresa Infraestructura y Construcciones de Nuevo León (ICNL). Al frente de esta nueva entidad se nombró a Javier Garza Buffington, presidente de Gentor. Esta serie de movimientos empresariales ha generado una red de intereses que se extiende desde la adjudicación de contratos públicos hasta la propiedad privada en una de las zonas más exclusivas del estado.
Otro punto que ha despertado preocupación es la participación de NAHE y sus empresas hermanas, Bemase y Comercio y Servicios Industriales Acerta, en estas operaciones. Estas empresas, también bajo la influencia de Sergio Dávila González, han mantenido operaciones millonarias con organismos estatales como Simeprode y el Instituto de la Vivienda de Nuevo León. Documentos fiscales verificables muestran que Bemase, por ejemplo, pagó 142.3 millones de pesos a NAHE por supuestos servicios legales, a pesar de que la empresa no tiene ese giro registrado, lo que ha levantado aún más sospechas sobre la naturaleza de estas transacciones.
