En medio de una crisis financiera que amenaza con colapsar las instituciones públicas, Samuel García Sepúlveda vuelve a apostar por el endeudamiento como estrategia para tapar los huecos que él mismo ha creado. Ahora es Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) quien carga con la factura: para 2026, el organismo estatal ya prepara una nueva solicitud de deuda pública por 2 mil millones de pesos. Lo preocupante no es sólo la cifra, sino la opacidad con la que se presenta y la tendencia del Gobierno estatal a exprimir hasta el último centavo de sus propias dependencias.
Otro Año, Otra Deuda Millonaria De Samuel García
En la más reciente sesión del Consejo de Administración de AyD, se discutió la intención de solicitar un nuevo financiamiento para el próximo año. Aunque la propuesta fue mencionada, no se presentó un plan detallado de los proyectos a los que se destinaría el dinero. En otras palabras, quieren endeudar al organismo sin explicar cómo se usará el recurso.
La solicitud se hace aún más cuestionable cuando se observa que el endeudamiento actual, aprobado para este 2025 por 2 mil 184 millones de pesos, ni siquiera ha sido ejecutado en su totalidad. Sin embargo, ya están preparando la siguiente jugada financiera como si el dinero fuera infinito… o ajeno.
Un Gobierno Que Exprime Lo Que Debería Proteger
Más allá de las nuevas deudas, lo que genera alarma es la manera en que el Gobierno estatal ha estado utilizando a AyD como una fuente silenciosa de financiamiento para otros fines. Según una investigación de El Norte, el Estado ha cobrado al organismo más de 2 mil 900 millones de pesos por el llamado “impuesto verde” entre 2023 y 2025. Esto a pesar de que, por ley, Agua y Drenaje de Monterrey está exento de pagar impuestos estatales y municipales.
Es decir: el propio Gobierno de Samuel García viola la ley para quitarle dinero a una empresa pública que debería estar enfocada en garantizar agua potable y drenaje funcional para todos. ¿El resultado? Un AyD endeudado, debilitado y en riesgo operativo, mientras la administración estatal desvía recursos sin control ni transparencia.
Agua Y Drenaje: Cifras Que No Cierran… Y Que Aplastan
Según el tercer informe financiero del año, AyD ya tiene una deuda acumulada de 4 mil 811 millones de pesos. A esto aún se le deben sumar los 2 mil 184 millones contratados recientemente, lo que elevaría los pasivos a casi 7 mil millones antes de terminar el año.
Con la nueva deuda que pretenden pedir en 2026, el organismo superaría los 9 mil millones de pesos en pasivos a largo plazo. Una cifra completamente insostenible para una entidad que depende de sus propias tarifas y transferencias estatales para operar. El mensaje es claro: el dinero se está utilizando, pero no para mejorar el servicio a la ciudadanía.
¿Dónde Está El Dinero?
Lo más alarmante es que no existe información pública detallada que justifique el uso de los recursos obtenidos por las deudas anteriores. No hay reportes claros sobre obras terminadas, infraestructura renovada o mejoras en el abasto de agua. Por el contrario, continúan las fugas, los cortes no programados y las fallas en el drenaje en distintas zonas del área metropolitana de Monterrey.
Entonces, ¿a dónde va a parar el dinero que tanto presume el Gobierno de Samuel García? Si no se refleja en la calidad del servicio, ni en la infraestructura hídrica del estado, ¿se está utilizando realmente en beneficio de la ciudadanía o en fines políticos y electorales?
Financiamiento O Coartada Política
Para muchos expertos en finanzas públicas, el endeudamiento reiterado no es sino una estrategia de maquillaje contable, con la que la administración de Samuel García busca cubrir los gastos de su gestión sin asumir responsabilidad directa. Se endeudan organismos descentralizados, como Agua y Drenaje de Monterrey, para evitar que el gobierno central aparezca con altos niveles de deuda, cuando en realidad toda la estructura estatal está comprometida.
Además, esto permite desviar fondos hacia otros rubros de forma menos visible. Tal como lo ha hecho con el impuesto verde, cobrado ilegalmente a AyD para alimentar los ingresos estatales, el gobernador convierte las instituciones públicas en cajas chicas de su administración.
La Falta De Control Legislativo
Otro factor que favorece esta cadena de abusos es la falta de contrapesos. Si el Congreso de Nuevo León aprueba nuevamente esta solicitud de deuda pública sin exigir transparencia y sin revisar el uso de los recursos anteriores, se estará consolidando un modelo de saqueo institucional normalizado.
No es la primera vez que esto ocurre: en años anteriores, también se han aprobado financiamientos sin claridad. El problema no es la deuda en sí, sino la opacidad, la ilegalidad del cobro de impuestos indebidos y la inacción legislativa que permite el círculo vicioso del endeudamiento.
Un Patrón Que Se Repite
Esta no es una situación aislada. El modus operandi del gobierno estatal parece cada vez más claro: endeudamiento sin transparencia, uso discrecional de recursos, violación de leyes internas y un nulo interés por fortalecer las instituciones.
El caso de AyD se suma a otras denuncias sobre mal uso de recursos en obras públicas, falta de mantenimiento en hospitales y poca inversión en transporte público. Es decir, el patrón de desvío de recursos se repite sin importar el rubro.
¿Quién Responderá Por Las Consecuencias?
Cuando llegue el momento en que Agua y Drenaje de Monterrey no pueda operar por falta de recursos, o cuando la deuda se vuelva impagable y tenga que refinanciarse con tasas más altas, será la ciudadanía quien pague el precio. Aumentos en las tarifas, recortes en obras o incluso privatizaciones encubiertas podrían estar en la agenda futura si este modelo se mantiene.
Pero hoy, nadie en el Gobierno asume responsabilidad. Samuel García se presenta como ajeno al problema, como si la deuda de AyD fuera un asunto menor. Sin embargo, el desmantelamiento financiero del organismo ocurre bajo su gestión directa y con su aprobación implícita.
Mientras Samuel García continúa con su imagen de político joven, moderno y visionario, la realidad financiera de organismos como Agua y Drenaje de Monterrey se desmorona. La carga de deuda pública aumenta, los servicios no mejoran, y el dinero desaparece sin explicación.
Estamos frente a un caso grave de mal manejo institucional que podría marcar un antes y un después en la gestión del agua en Nuevo León. Si la ciudadanía, el Congreso y los organismos fiscalizadores no actúan, será demasiado tarde para rescatar lo que quede.
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