En Nuevo León, la narrativa oficial sobre la modernización del transporte público contrasta abiertamente con la realidad diaria que enfrentan miles de personas que dependen de este sistema. Mientras el gobernador Samuel García difunde imágenes de camiones “ecológicos”, con sistemas de WiFi, aire acondicionado y validadores digitales, gran parte del parque vehicular que recorre las calles del área metropolitana permanece en condiciones deplorables: sucios, deteriorados y sin ningún tipo de avance tecnológico.
Los usuarios que abordan rutas como la 301, la 5 o la 405 se topan cada día con unidades que aún cobran en efectivo, que no cuentan con ventanas completas y cuya iluminación es casi nula. Son camiones que recuerdan a otra época, similares a los que circularon en la década de los 90, pero que siguen en operación tres décadas después. Este desfase entre el discurso y la realidad ha generado frustración y desconfianza entre la ciudadanía, que no percibe un cambio tangible pese a las constantes promesas de renovación.
La contradicción se acentúa cuando se observa el enfoque del Gobierno estatal, que ha promovido en redes y eventos públicos una serie de “nuevas soluciones” para mejorar la movilidad, entre ellas el uso del vehículo particular como alternativa. Sin embargo, este tipo de propuestas omite por completo a la gran mayoría que depende del transporte colectivo, y deja en segundo plano la urgente necesidad de una transformación estructural en las rutas tradicionales.
Rutas viejas siguen dominando
Lejos de los reflectores que acompañan a los camiones de nueva generación, miles de personas en Monterrey y su zona conurbada deben subirse a unidades que muestran signos evidentes de abandono. Las rutas 301, 5 y 405, por ejemplo, continúan funcionando con la misma lógica operativa que hace décadas: pagos únicamente en efectivo, estructuras metálicas oxidadas, asientos rotos, puertas que no cierran y ventilación casi inexistente.
A pesar de la incorporación de algunos camiones nuevos, estos siguen siendo insuficientes frente a la alta demanda de pasajeros. En muchas colonias populares, no hay otra opción que abordar estas unidades desgastadas, que no sólo representan una mala experiencia de viaje, sino también un riesgo para la seguridad física. La falta de mantenimiento ha derivado en unidades que se detienen a mitad del trayecto, presentan fallas mecánicas constantes o, en casos más graves, se incendian en plena vía pública.
Además del deterioro físico, los operadores siguen enfrentando condiciones laborales difíciles. No hay certeza sobre sus ingresos diarios, los recorridos son largos y con pocas garantías, y en muchos casos, deben costear de su propio bolsillo las reparaciones menores. Todo esto ha convertido al transporte público en un sistema fragmentado y desarticulado, con rutas que parecen no tener supervisión oficial, ni renovación en puerta.
La estrategia del gobernador Samuel García para resolver el caos vial en Monterrey parece reducirse a una frase simplista: “que la raza se baje del carro y se suba al camión”. Esta declaración, hecha durante la presentación de 25 unidades de Transmetro en San Bernabé, ha desatado críticas por su tono coloquial y la falta de soluciones estructurales. Mientras la ciudad se hunde en largas filas, traslados interminables y un transporte público deficiente, el mandatario se limita a pedirle a la población que haga un sacrificio, sin garantizar condiciones reales de movilidad.
Más camiones, mismo problema
Según Samuel García, la solución está en aumentar la cantidad de camiones. En el evento privado donde presentó las nuevas unidades, aseguró que cada una sustituirá hasta 80 automóviles y que con ello se lograría una mejora en la vialidad. Incluso presumió características como aire acondicionado, internet y cámaras de seguridad.
Pero la realidad contradice el discurso. No se trata solo de la cantidad de unidades, sino de cómo se integran a una red de transporte que sigue siendo caótica, lenta y poco funcional. El gobernador evitó hablar de rutas mal trazadas, paraderos inseguros, falta de cobertura en zonas clave y, sobre todo, de la ausencia de una política integral de movilidad. Incorporar más camiones en un sistema que no ha sido rediseñado solo empeora la saturación.
Además, los 1,500 camiones que el gobierno estatal asegura haber adquirido en diciembre aún no están todos en operación. Las promesas se acumulan, pero los resultados siguen sin notarse en la calle. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando durante horas bajo el sol, en paradas improvisadas, unidades viejas y sin la certeza de llegar a tiempo.
Samuel García evade su responsabilidad
Paradójicamente, mientras Samuel pide al pueblo cambiar sus hábitos, su propio secretario de Movilidad reconoce que el problema principal no está en el transporte, sino en el tráfico. Hernán Villarreal admitió que los camiones “están inmersos en el mismo tráfico” y que la percepción negativa de la ciudadanía tiene que ver con los tiempos de espera y traslado, no con la calidad de las unidades.
Estas declaraciones contradicen al gobernador y confirman lo que la mayoría ya sabe: el sistema de transporte público no funciona porque carece de planificación. No hay una visión de largo plazo ni una coordinación efectiva entre niveles de gobierno. Y aunque el secretario afirma que “la percepción mejorará”, no ofrece un solo dato concreto ni cronograma para alcanzar esa mejora.
La encuesta más reciente del INEGI, que forma parte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, señala que el 59% de los ciudadanos considera al transporte público como uno de los principales problemas de Monterrey. En 2021, esa cifra era de 36%. En lugar de reconocer la gravedad del deterioro, el gobierno intenta justificarlo como un tema de percepción.
Culpar a la gente, no al sistema
El llamado de Samuel García a “la raza” para que use el camión no solo refleja falta de sensibilidad, también exhibe una estrategia política basada en deslindarse de responsabilidades. Es más fácil pedirle a la ciudadanía que deje el carro, que admitir que el sistema de movilidad está roto.
En colonias como La Alianza, Valle Verde o sectores de Escobedo y Apodaca, el transporte público sigue siendo ineficiente, con recorridos interminables, horarios irregulares y unidades en mal estado. Para miles de personas, usar el camión no es una opción viable. No hay rutas suficientes, no hay seguridad, y los tiempos de traslado superan fácilmente las dos horas diarias.
Mientras tanto, los funcionarios estatales viajan en caravanas escoltadas o helicópteros, y no enfrentan los mismos problemas que el resto de la población. La brecha entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de la gente es cada vez más amplia.
Además, tampoco se han implementado políticas complementarias como estacionamientos disuasorios, inversión en infraestructura peatonal, ampliación del Metro o incentivos reales para reducir el uso del automóvil. Sin estas medidas, el llamado a dejar el carro no pasa de ser un gesto vacío.
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