En medio del proceso de votación para elegir representantes del Poder Judicial en Nuevo León, el gobernador Samuel García volvió a estar en el centro de la controversia. Durante días previos a la jornada, su gobierno impulsó de manera insistente una campaña de presión sobre empleados estatales para que acudieran a las urnas, exigencia que incluía la necesidad de comprobar su participación. Sin embargo, el propio gobernador no asistió a votar, lo cual generó una ola de críticas por lo que muchos consideran un acto de incongruencia y simulación.
El llamado “Operativo Acordeón”, como fue bautizado informalmente por quienes denunciaron su existencia, consistía en exigir a trabajadores del gobierno pruebas de que habían acudido a votar, ya fuera con fotografías de sus dedos entintados o de las boletas emitidas. Esta presión fue denunciada por distintos empleados como una forma de coacción electoral disfrazada de movilización institucional. Pese a este contexto tenso y al despliegue de recursos para garantizar la participación de su base política, Samuel García decidió no acudir a votar.
La omisión no pasó desapercibida. Mientras en redes sociales circulaban imágenes de trabajadores del estado formándose para emitir su voto, el mandatario compartía desde sus cuentas personales escenas relajadas de su domingo familiar, en la alberca de su casa, alejado del calor ciudadano que él mismo pretendía impulsar.
Acumula Samuel 36 denuncias
Lo que debía ser una jornada para reforzar la independencia del Poder Judicial en Nuevo León terminó ensombrecida por una serie de denuncias que involucran directamente al gobernador Samuel García. La elección extraordinaria para definir los nuevos perfiles del Poder Judicial Federal dejó un saldo alarmante: 36 denuncias por presunta coacción del voto, todas vinculadas a una operación de presión política que favorecía a perfiles cercanos al partido oficialista local, Movimiento Ciudadano.
Las denuncias, que se presentaron tanto antes como durante el día de la votación, exponen un mecanismo de control político en el que empleados del gobierno estatal habrían sido obligados a participar en el proceso electoral bajo condiciones inaceptables. Entre los señalamientos más repetidos destacan las amenazas laborales, la exigencia de entregar copias de credenciales de elector, y la distribución de los llamados “acordeones”, listas que indicaban por quién debía sufragarse.
Promueve participación, pero no acude
El gobernador Samuel García Sepúlveda estaba registrado para votar en la Sección 1410, ubicada en la colonia Del Paseo Residencial, al sur de Monterrey. Según confirmaron funcionarios de casilla, su nombre y el de su esposa aparecen en la lista nominal, y en procesos anteriores ambos habían acudido sin contratiempos.
Testigos señalaron que habitualmente Samuel acudía a votar entre las 10:00 y las 10:30 de la mañana. No obstante, durante el transcurso de este domingo 1 de junio, su presencia nunca se hizo notar. La casilla abrió a las 08:29 horas y cerró a las 18:00 horas, registrando una baja participación, con apenas 194 personas votando de un total de mil 906 posibles electores en esa sección.
La ausencia del gobernador fue interpretada como un acto de incongruencia por parte de numerosos ciudadanos y analistas, pues mientras exigía a sus colaboradores participar activamente en un proceso judicial clave para la vida institucional de Nuevo León, él optó por la comodidad del hogar. Esta actitud no solo deja mal parado al mandatario en términos de coherencia política, sino que alimenta la percepción de que su gestión se basa más en la imagen que en el compromiso democrático.
Luego de evidenciarse presión a empleados estatales por participar en elección judicial, el Gobernador Samuel García se ausenta en votación. #ElNorteLocalhttps://t.co/N25DnWe4OZ
— elnortelocal (@elnortelocal) June 2, 2025
“Operativo Acordeón”: presión y control
En semanas previas al proceso electoral interno para renovar cargos del Poder Judicial en el estado, surgieron múltiples denuncias de presión interna en el gobierno estatal. Empleados estatales compartieron testimonios —algunos de forma anónima— sobre cómo fueron instruidos para acudir a votar, presentar evidencia fotográfica y cumplir con una serie de pasos definidos por sus superiores inmediatos. A este mecanismo de control se le denominó de manera informal como “Operativo Acordeón”.
El nombre hace referencia a las hojas dobladas con información que supuestamente eran entregadas a ciertos empleados con instrucciones específicas sobre por quién debían votar. A esto se sumó el ambiente de vigilancia interna, en el que áreas administrativas solicitaban comprobación del cumplimiento.
Diversas voces críticas señalaron que estas prácticas se asemejan a esquemas clientelares o de acarreo electoral, pero disfrazadas bajo un discurso de participación ciudadana. La diferencia radicó en que en esta ocasión no fue en una contienda electoral tradicional, sino en una elección de integrantes del Poder Judicial, una decisión que influye directamente en la imparcialidad y autonomía de las instituciones del estado.
La contradicción principal es evidente: mientras Samuel García movilizaba estructuras estatales para imponer su peso político en el resultado, él mismo decidió no ejercer su derecho ni deber ciudadano. Esta incongruencia ha sido señalada tanto en medios de comunicación como por ciudadanos en redes sociales, donde incluso circularon memes y críticas que lo acusaban de hipócrita y simulador.
La imagen por encima del deber: Samuel García
🔴⏯️ Tras una maratónica jornada, en la que por primera vez se realizan unas elecciones judiciales en México, las cuatro mil casillas instaladas en Nuevo León cerraron en punto de las 18:00 horas.
— ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) June 2, 2025
Tras el cierre de casillas, funcionarios se alistan a realizar el conteo de votos,… pic.twitter.com/yrIwlcJ4aZ
Durante su gestión, Samuel García ha sido conocido por su presencia constante en redes sociales, donde suele compartir desde temas oficiales hasta escenas de su vida personal. En esta ocasión, lejos de mantenerse al margen o justificar su ausencia en las urnas, el gobernador optó por publicar contenido mostrando su día en familia.
Las imágenes compartidas contrastan drásticamente con la narrativa de movilización y participación ciudadana que había promovido días antes. Mientras algunos de sus empleados cumplían con la instrucción institucional de acudir a votar bajo presión, el gobernador parecía más interesado en proyectar una imagen de tranquilidad y cercanía familiar.
Este tipo de comportamiento refuerza la crítica de que su administración prioriza la comunicación superficial por encima de los actos con sustancia. El mensaje que deja su ausencia en la casilla electoral es problemático: mientras se presiona a los demás, el líder evade su propia responsabilidad.
Distintos sectores ya han empezado a señalar que, más allá de la anécdota del domingo, lo ocurrido forma parte de un patrón mayor en la administración estatal: centralización de decisiones, uso de recursos institucionales para fines políticos y una obsesión por controlar la narrativa pública. En este caso, ni el discurso de participación, ni el aparato logístico montado para garantizar votos en la elección judicial fueron suficientes para motivar al propio gobernador a cumplir con lo que exigía.
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