Raúl Lozano, el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente, ha sido señalado por convertir la dependencia en una herramienta recaudadora a través de multas y clausuras. Si bien el titular es nuevo, los modos de actuar de la Secretaría no lo son, solo que ahora tienen un dirigente más que dispuesto a actuar corruptamente. Durante 2023, se registraron más de 1,200 clausuras y se recaudaron 750 millones de pesos en multas, sin que se haya especificado el destino de estos fondos o su impacto positivo en el medio ambiente. Esta política ha generado la pérdida de más de 7,000 empleos en el sector industrial, debido a las restricciones y operativos percibidos como arbitrarios por los empresarios.
Uso Político De La Secretaría De Medio Ambiente
Desde su llegada al gabinete estatal, Raúl Lozano ha promovido un discurso implacable contra la contaminación. Frases como “el que contamine irá a la cárcel” adornan sus declaraciones públicas. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una estrategia recaudatoria que ha encendido las alertas en el sector empresarial.
Bajo su dirección, la Secretaría de Medio Ambiente ha aplicado clausuras exprés y sanciones sin sustento legal contra industrias con papelería en regla. Las inspecciones llegan acompañadas de sellos gigantes, cámaras en vivo y una narrativa mediática de castigo ejemplar.
Lo que para la opinión pública parece una cruzada ecológica, para los empresarios se ha convertido en un mecanismo de presión.
Raúl Lozano Coloca A Empresas Con Papeles En Regla Bajo Sospecha
Industrias cementeras, recicladoras y más, cuya trayectoria en el estado es de años, son objeto de hostigamiento e ilustran la magnitud del problema. Estas empresas, con historial de cumplimiento de la normativa ambiental federal, han sido intervenidas sin que se justifique técnicamente la medida.
El patrón es repetitivo: inspecciones sin previo aviso, clausuras espectaculares y presión para “cooperar”. Se habla incluso de “pasar la charola” como condición para seguir operando, lo que transforma la supervisión ambiental en una forma de extorsión institucionalizada.
El Impuesto Verde: Una Recaudación Sin Transparencia Ni Rumbo
En paralelo a estas acciones, el gobierno estatal ha presumido la recaudación de 750 millones de pesos a través del llamado impuesto verde. Este gravamen se cobra a más de 180 empresas por sus emisiones contaminantes. No obstante, tanto legisladores locales como organizaciones ambientalistas han exigido transparencia en el uso de estos recursos.
La principal crítica es que no se ha demostrado que el dinero se utilice para mejorar la calidad del aire, reforestar o modernizar el sistema de monitoreo ambiental. Por el contrario, la propia Secretaría opera con recursos mínimos y sin personal suficiente para inspecciones efectivas.
Activistas como José Múzquiz, de Piensa Verde, han señalado que el impuesto, en lugar de incentivar el cambio, se ha convertido en un permiso para seguir contaminando. Las empresas trasladan el costo al consumidor final y el gobierno no presenta resultados palpables en materia ambiental.
Consecuencias Económicas Y Desconfianza Empresarial
El impacto de esta política va más allá del discurso. Durante 2023, el sector manufacturero perdió más de 7,500 empleos en Nuevo León. Las trabas administrativas y las amenazas de clausura han generado un ambiente de incertidumbre.
Inversionistas nacionales e internacionales ahora consideran a otros estados como Querétaro, Guanajuato o Coahuila para colocar sus capitales. La imagen de Nuevo León como destino ideal para el nearshoring se ha deteriorado.
Incluso, el gobernador Samuel García ha sido señalado por inflar cifras de inversión extranjera directa. Mientras presume que su gobierno atrajo 68 mil millones de dólares, datos oficiales de la Secretaría de Economía reportan solo 10.2 mil millones en tres años. Esta discrepancia del 600% daña su credibilidad y ahuyenta inversiones serias.
Exigen Transparencia Ambiental
Ante esta situación, el Congreso ha solicitado al gobernador, en repetidas ocasiones, un informe detallado sobre el destino del impuesto verde. La diputada Claudia Caballero ha exigido conocer qué empresas lo pagan, cuánto se ha recaudado y cómo se han aplicado los recursos.
Por su parte, organizaciones como Green Peace y Piensa Verde ya preparan propuestas y exigencias formales para que el dinero recaudado se utilice de forma transparente. Proponen observadores ciudadanos en las inspecciones y fortalecer la legislación ambiental con enfoque técnico, no político.
La demanda social es clara: basta de usar el medio ambiente como pretexto para recaudar. Se necesita una política ambiental seria, con resultados concretos, inversión en tecnología, capacitación de inspectores y reglas claras para todos.
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