El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, se enfrenta a nuevas acusaciones que ponen en duda la transparencia y eficiencia de su administración. Un reciente informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Cámara de Diputados destapó irregularidades millonarias en el uso de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2024.
La revisión, que forma parte de la primera entrega de los informes de la Cuenta Pública del año pasado, revela que el estado no comprobó el uso de 25.6 millones de pesos, recursos destinados a programas sociales y educativos que forman parte de fondos federales clave para el desarrollo local.
La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades en Nuevo León por $25.6 millones, afectando fondos educativos y sociales.
— elnortelocal (@elnortelocal) July 1, 2025
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Uso dudoso de fondos públicos de Samuel García
Uno de los puntos más alarmantes del informe corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del cual el gobierno estatal no logró justificar 24 millones 748 mil pesos. Este fondo, adscrito al Ramo 33, está destinado a apoyar proyectos de infraestructura educativa y asistencia social, por lo que su mal manejo impacta directamente en servicios básicos para la población.
El documento de la ASF describe que estos recursos no contaron con evidencia suficiente sobre su destino, lo que podría derivar en la devolución de los montos a la Federación. La falta de control y seguimiento en la aplicación de este fondo deja en evidencia un problema de gestión que va más allá de simples errores administrativos.
Además, la auditoría descubrió que se otorgaron 218 mil 900 pesos en apoyos económicos a personas que ya habían fallecido. Este tipo de errores no solo representan pérdidas económicas, sino que también exponen fallas graves en la actualización de padrones y en la supervisión de programas sociales.
Pagos indebidos y perfil cuestionable
Otro hallazgo relevante tiene que ver con el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, donde se detectaron pagos por 678 mil 600 pesos a seis trabajadores que no cumplían con el perfil académico requerido.
La falta de rigor en la selección de personal pone en entredicho la calidad de los servicios educativos ofrecidos y evidencia posibles prácticas de favoritismo o contratación sin los filtros necesarios. Según la ASF, estas acciones violan la normativa que regula la correcta utilización de los recursos federales y afectan la eficiencia de los programas educativos.
A raíz de estas irregularidades, la Auditoría emitió dos pliegos de observaciones y promovió el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, exigiendo al gobierno de Nuevo León aclarar cada peso ejercido.
Nuevo León en el top nacional de anomalías
Con estos resultados, Nuevo León se posiciona como el quinto estado con mayores montos observados por irregularidades en 2024, por debajo de entidades como Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Morelos.
Esta clasificación alimenta la percepción negativa sobre la administración de Samuel García, que ha sido criticada en múltiples ocasiones por priorizar su imagen pública y proyectos mediáticos sobre la rendición de cuentas y el buen manejo del presupuesto.
Los expertos advierten que esta situación puede tener consecuencias directas en la confianza ciudadana, debilitando la credibilidad del gobierno estatal y dificultando la ejecución de futuros programas sociales. La falta de transparencia en el uso de los recursos públicos afecta la percepción de la ciudadanía y puede frenar el apoyo a nuevas iniciativas.
Exigen medidas y rendición de cuentas
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones civiles y ciudadanos han exigido al gobierno de Samuel García que publique de manera detallada el destino de los recursos, las listas de beneficiarios y los criterios de selección utilizados en cada programa.
La entrega de apoyos a personas fallecidas y la contratación de personal sin el perfil adecuado alimentan el descontento y refuerzan la necesidad de una supervisión más estricta. Además, se exige que los responsables enfrenten consecuencias administrativas y, en caso de comprobarse irregularidades graves, también sanciones legales.
La ASF advirtió que, en caso de no presentarse justificaciones válidas, el gobierno deberá devolver los recursos observados a la Tesorería de la Federación, algo que podría afectar la disponibilidad de recursos estatales y complicar la planeación de proyectos futuros.
La situación plantea un reto importante para la administración estatal, que ahora deberá demostrar con documentos y transparencia que los recursos fueron utilizados de forma correcta y en beneficio de la ciudadanía.
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