La decisión de cerrar cuatro investigaciones penales en contra del Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha encendido las alarmas entre organizaciones ciudadanas y activistas locales. El llamado Grupo de las 6, integrado por reconocidas figuras de la sociedad civil, ha lanzado una fuerte crítica pública a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la que acusan de falta de transparencia, posible motivación política y de contribuir a la impunidad en uno de los casos más delicados que involucran presuntas irregularidades cometidas desde el ejercicio del poder.
Las reacciones surgen luego de que se diera a conocer que el Fiscal General del Estado, Javier Flores, determinó dictar el inejercicio de la acción penal en al menos cuatro carpetas abiertas contra el mandatario estatal. Estos expedientes estaban vinculados con presuntas triangulaciones de recursos públicos, operaciones financieras entre proveedores del Gobierno y empresas del entorno familiar del gobernador, así como con el manejo opaco de patrimonio inmobiliario de alto valor.
Con carpetazos ordenados por Fiscalía a casos contra Samuel García, "perdonan" caso de depósitos a despacho de Gobernador por $1,069 millones.#Entératehttps://t.co/uoeienobDO
— elnortelocal (@elnortelocal) July 30, 2025
Activistas denuncian opacidad institucional
Para el Grupo de las 6, la determinación de la Fiscalía resulta no solo precipitada, sino especialmente preocupante por la falta de argumentos públicos que la respalden. La ex diputada Rebeca Clouthier, vocera en esta ocasión del colectivo, calificó como “alarmante y sospechoso” que se haya decidido archivar simultáneamente varios casos que tocan intereses sensibles dentro del círculo más cercano del gobernador.
A través de un mensaje difundido en video, Clouthier subrayó que “resulta inaceptable que no se hayan explicado las razones jurídicas que motivaron el cierre de estos procesos”, y agregó que las omisiones en las indagatorias solo contribuyen a debilitar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
El colectivo está conformado por activistas con trayectoria reconocida en la defensa del estado de derecho y la transparencia pública, como Gabriela de la Paz, Liliana Flores Benavides y María Elena Assad, quienes también respaldaron la exigencia de publicar los fundamentos legales específicos que llevaron al archivo de cada carpeta de investigación.
Sospechan posible motivación política
La crítica central de las activistas gira en torno a la posibilidad de que exista un trasfondo político en la decisión de la Fiscalía. Para el Grupo de las 6, no es casualidad que los cuatro expedientes contra Samuel García hayan sido cerrados casi al mismo tiempo, y sin que se haya ofrecido una argumentación jurídica pública sobre la falta de elementos para seguir con los procedimientos.
“Esta decisión, tomada en cadena, da la impresión de que hay una estrategia institucional para blindar políticamente al gobernador, en lugar de actuar conforme a la ley y en beneficio del interés público”, señaló una de las integrantes del colectivo durante una entrevista concedida a medios locales.
Además, hicieron un llamado a otras organizaciones ciudadanas, académicos, medios de comunicación y sociedad en general, a mantenerse vigilantes del actuar de la Fiscalía, especialmente cuando se trata de investigar a figuras con poder político.
Casos cerrados sin revisar documentos clave
El fondo del reclamo tiene sustento en publicaciones periodísticas previas, que documentaron la existencia de movimientos financieros por más de mil millones de pesos vinculados a empresas del círculo familiar del gobernador. Una de las carpetas que fue cerrada, por ejemplo, involucraba transferencias de recursos públicos desde proveedores estatales hacia despachos jurídicos familiares, los cuales luego habrían canalizado el dinero hacia una empresa inmobiliaria privada.
Lo más inquietante para las organizaciones que exigen transparencia es que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, la Fiscalía habría cerrado las carpetas sin revisar documentos clave, como decenas de estados de cuenta bancarios en los que se documentaban los movimientos de entrada y salida de recursos.
El señalamiento ha sido particularmente incisivo en el caso de Saga Tierras y Bienes Inmuebles, una empresa inmobiliaria que ha sido vinculada directamente con la familia del gobernador, y que habría incrementado de manera abrupta sus ingresos y patrimonio a partir del inicio del actual sexenio.
Temen precedente de impunidad en Nuevo León
Además de la sospecha de blindaje político, el Grupo de las 6 ha manifestado su preocupación por el impacto institucional que podría tener esta decisión. Si no se clarifican los motivos legales detrás del archivo de las carpetas, advirtieron, se estaría enviando un mensaje muy grave a la ciudadanía: que los poderosos pueden eludir la justicia sin consecuencias.
“El sistema judicial no puede estar al servicio de quienes están en el poder”, expresó otra integrante del grupo, quien añadió que si los expedientes se cerraron sin agotar las líneas de investigación, se estaría ante un acto que legitima la impunidad y socava el estado de derecho en la entidad.
Los llamados a la Fiscalía de Nuevo León no solo apuntan a reabrir las carpetas o a revisar su contenido, sino también a establecer mecanismos de control institucional que garanticen que las decisiones procesales no respondan a intereses partidistas ni presiones externas.
En ese sentido, Clouthier subrayó que el Fiscal General, Javier Flores, debe asumir su responsabilidad de informar puntualmente a la ciudadanía y rendir cuentas sobre la legalidad de sus decisiones. De no hacerlo, señalaron las activistas, la crisis de confianza en las autoridades solo se profundizará.
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