Mientras el calendario avanza hacia la inédita elección judicial del 1 de junio, crecen las denuncias sobre un esquema de manipulación de fraude electoral de Samuel García. A través de testimonios anónimos y documentos entregados a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), empleados de distintas instituciones educativas y dependencias estatales aseguran haber sido presionados para apoyar a candidatos afines al gobernador Samuel García.
Recolectan INEs y simulan votos en fraude electoral
El presunto operativo, descrito como una red organizada desde el aparato gubernamental, implica la recolección de credenciales de elector y la participación en ensayos de votación. Según denuncias, se ha exigido a los trabajadores no solo entregar copias de su INE, sino también asistir a simulacros donde deben fotografiar las boletas y un código QR como “prueba de cumplimiento”.
Esta mecánica ha sido reportada en instituciones como el Conalep, donde personal administrativo afirmó que la instrucción de reunir al menos 10 credenciales por persona provino directamente del área jurídica. Los 17 planteles de esta red educativa habrían sido involucrados en la práctica. Por su parte, docentes de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina relataron que fueron obligados a acudir a eventos encabezados por Ulises Carlín, consejero jurídico estatal y aspirante a un cargo judicial.
En esos eventos, aseguran, se les asignaron tareas para sumar apoyos entre alumnos y colegas, con la indicación de canalizar esas redes de contactos hacia los candidatos identificados con Movimiento Ciudadano. “Nos dijeron que era parte de una estrategia cívica, pero rápidamente entendimos que era algo político”, comentó uno de los maestros afectados.
Gobierno del 'nuevo' Nuevo León de Samuel García despide a empleados que se oponen a votar por candidatos afines a Samuel en elección judicial.
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 19, 2025
Increíble que Congreso local no lo sancione pese a múltiples delitos electorales.
Entendible que Morena frene sanciones.
Son los mismos. pic.twitter.com/pFQNDTl0a3
Involucran a UANL, Salud y otras dependencias
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) también ha sido señalada por su presunta participación en este esquema, aunque de forma más discreta. Académicos y alumnos de facultades como Ciencias Políticas y Medicina han reportado que sus directivos promueven la participación en este tipo de actividades bajo el argumento de “formación ciudadana”, cuando en realidad se les orienta hacia un solo grupo político.
Las prácticas no se limitan al sector educativo. La FEDE también recibió denuncias desde la Secretaría de Salud y Simeprode, donde trabajadores alegan haber sido presionados por sus superiores para colaborar en el supuesto operativo electoral. A la fecha, la fiscalía ha confirmado que tiene más de diez expedientes abiertos por estos hechos, la mayoría con carácter anónimo.
Esta situación ha encendido las alarmas entre organizaciones ciudadanas y académicas que ven con preocupación el uso de recursos públicos y estructuras institucionales para fines políticos. “Este tipo de maniobras no solo violan principios democráticos, también comprometen el funcionamiento neutral de nuestras instituciones”, advirtió una asociación civil en un comunicado reciente.
Silencio oficial ante señalamientos de fraude electoral
Hasta ahora, el gobernador Samuel García no ha emitido una postura pública frente a estas acusaciones. La falta de respuesta ha generado críticas por parte de sectores que exigen mayor transparencia y rendición de cuentas ante hechos que podrían configurar delitos electorales.
Si bien la presunción de inocencia ampara al mandatario y a los funcionarios señalados, los organismos electorales y de fiscalización tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos antes de que se consume el proceso electoral. La elección del 1 de junio marca un hito para el país, ya que será la primera ocasión en que la ciudadanía podrá elegir de manera directa a jueces federales. En Nuevo León, esta es la única categoría en disputa, ya que los cargos del Poder Judicial local se renovarán hasta 2027.
Ante este contexto, la posibilidad de que haya interferencia institucional para manipular el sentido del voto genera un ambiente de tensión. Algunos analistas señalan que el intento de controlar el resultado mediante presiones internas evidencia una preocupación por mantener influencia en el Poder Judicial, especialmente ante un panorama político cambiante.
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