La mancha azul que apareció en el arroyo Topo Chico, en la colonia Bella Vista de Monterrey, no fue producto de una fuga inesperada, sino la consecuencia directa de una advertencia ignorada. Durante más de una semana, la empresa Pyosa Industrias notificó al organismo estatal Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) sobre un problema en su infraestructura, específicamente un ducto tapado que provocó acumulación de residuos industriales. No hubo respuesta.
No fue sino hasta ocho días después del primer aviso, cuando el derrame ya se había producido, que las autoridades acudieron al sitio. La escena fue evidente: líquido azul contaminando un cuerpo de agua natural en plena zona urbana. Para entonces, el daño ya estaba hecho, y la ciudadanía exigía respuestas.
El derrame pudo evitarse en el Arroyo Topo Chico
El incidente deja más preguntas que certezas. ¿Pudo evitarse esta contaminación si AyD hubiera atendido a tiempo? ¿Por qué no hubo una inspección inmediata, considerando que se trataba de residuos industriales? ¿Qué mecanismos existen para asegurar que los reportes de riesgo ambiental sean tratados con urgencia?
Según información recopilada por medios locales, Pyosa realizó al menos dos reportes formales, alertando sobre un ducto que, al estar bloqueado, impedía la salida adecuada de sus descargas. La empresa asegura que ese ducto no le pertenece, sino que forma parte de la infraestructura estatal operada por AyD.
La falta de respuesta activó una serie de eventos previsibles: acumulación, presión y finalmente derrame. La sustancia azul se esparció por el arroyo, generando alarma entre vecinos y reacciones inmediatas de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, que ya aplicó dos suspensiones temporales a la planta mientras se realizan las investigaciones.
Silencio oficial y críticas ciudadanas
A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento el Gobierno del Estado no ha emitido una postura pública. Agua y Drenaje tampoco ha ofrecido declaraciones que expliquen por qué se tardó tanto en acudir al lugar, ni si había conocimiento previo de otros reportes similares.
Este silencio ha sido duramente criticado por colectivos ambientales, vecinos de la zona y usuarios en redes sociales, quienes exigen transparencia y medidas correctivas. Algunos ciudadanos incluso señalan que no es la primera vez que ocurre algo similar en este arroyo, y que ya habían solicitado una mayor vigilancia en esa zona industrial.
La falta de información ha dado pie a versiones encontradas. Mientras Pyosa defiende que actuó conforme al protocolo al reportar la falla, las autoridades estatales no han confirmado ni desmentido esa versión. Tampoco han detallado qué acciones tomaron tras las suspensiones aplicadas a la empresa.
Impacto ambiental bajo investigación
Por ahora, la prioridad es determinar el impacto del escurrimiento en el entorno. Aunque no se ha confirmado que el pigmento azul derramado sea tóxico, las imágenes difundidas han provocado preocupación por la calidad del agua y los posibles efectos en flora, fauna o incluso en la salud humana.
Expertos en medio ambiente señalan que lo preocupante no es sólo la sustancia, sino la reacción lenta del aparato estatal. En casos de contaminación, subrayan, los primeros minutos y horas son cruciales para contener los daños.
La Subsecretaría de Fomento Sanitario, que también intervino en el sitio, se encuentra evaluando si hubo omisiones en los protocolos de operación de Pyosa. Sin embargo, el hecho de que los reportes fueron ignorados durante ocho días apunta también a un problema de falla institucional más allá del ámbito empresarial.
Con esto, se vuelve a abrir el debate sobre la eficiencia en la gestión de emergencias ambientales en Nuevo León, donde los tiempos de respuesta parecen seguir dependiendo más de la presión pública que de un sistema eficaz de prevención.
Array
