El último informe oficial de Samuel García disponible indica que hasta mediados de 2023 sólo se habían sembrado 5 mil 176 árboles, con un gasto ya acumulado de 147 millones de pesos. Para alcanzar la cifra anunciada por el gobernador, habría sido necesario plantar más de 645 mil árboles en los últimos nueve meses, lo que representaría una velocidad sin precedentes en los esfuerzos de reforestación de la entidad.
El gobierno estatal no ha hecho públicos los informes trimestrales que Reforestación Extrema está obligada a presentar. Tampoco ha detallado los puntos exactos donde se han plantado los árboles, ni ha proporcionado evidencia fotográfica o técnica que avale el volumen de reforestación presumido por el gobernador.
A pesar de las solicitudes realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto el gobierno estatal como la asociación civil han rehusado entregar los documentos justificativos. Esto ha generado críticas de legisladores locales y activistas ambientales, quienes exigen rendición de cuentas y una auditoría del programa.
Manejo opaco del presupuesto
El dinero destinado al programa no pasa por el erario estatal. Proviene de aportaciones privadas para compensar impactos ambientales, las cuales son depositadas directamente en cuentas de la asociación Reforestación Extrema. Este mecanismo permite al gobierno justificar el gasto sin necesidad de registrar los movimientos financieros en la contabilidad pública, lo que limita el control institucional y dificulta el seguimiento por parte de los organismos fiscalizadores.
Según información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre marzo de 2023 y noviembre de 2024, la asociación recibió 270.3 millones de pesos. Parte de este dinero fue destinado a empresas como Viveros Regionales y Arbolmax, que tienen como socio principal a Adrián Cavazos Cavazos, hermano del director estatal de Protección Civil, Érik Cavazos Cavazos. La relación entre estas empresas y la administración estatal ha sido señalada por diversos medios como un posible conflicto de interés.
El gobernador realizó sus declaraciones en un evento donde no hubo presencia de medios de comunicación. Lo acompañaron el alcalde de Juárez, Félix Arratia, quien fue Secretario de Medio Ambiente cuando el programa fue entregado a Reforestación Extrema, y Cosijoopii Montero, director de dicha asociación. Ninguno de los funcionarios presentes abordó las inconsistencias entre las cifras presentadas por el Ejecutivo estatal y los datos oficiales.
Reacción de la sociedad civil frente a Samuel García
Diversos colectivos ambientales han alzado la voz ante lo que consideran una simulación por parte del gobierno de Nuevo León. La falta de transparencia, sumada a los montos millonarios que han sido canalizados sin una rendición clara de cuentas, ha encendido las alertas entre la sociedad organizada.
Legisladores locales han pedido que se inicie una revisión a fondo del programa y se cite a comparecer a los responsables del mismo. A su vez, se ha solicitado a la Auditoría Superior del Estado que intervenga para verificar el uso de los recursos. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una postura pública que explique o justifique las discrepancias.
Una gráfica difundida por el área de comunicación del gobierno intenta justificar la cifra de los 650 mil árboles, sumando programas federales, privados y otras campañas de reforestación en la Sierra de Santiago, lo cual no corresponde a lo reportado en el marco de Bosques Ciudadanos. Esta mezcla de cifras genera confusión y refuerza la percepción de opacidad.
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