Mientras las autoridades de Nuevo León siguen anunciando avances en redes sociales, la realidad del transporte público sigue marcada por la improvisación, los contratos fallidos y el hartazgo de los ciudadanos. El más reciente episodio confirma el fracaso en la compra de 700 camiones que formaban parte del supuesto plan de modernización presentado por el Gobierno estatal.
Aunque la administración de Samuel García prometió la renovación total de la flota, la realidad muestra que el plan ha sido un cúmulo de fallas contractuales, cambios de modelo y una ejecución caótica que ha dejado al sistema de transporte en una profunda crisis.
Contrato millonario cancelado por incumplimientos
El contrato originalmente firmado en diciembre pasado con el consorcio Sinomex-Velcen Motors-Xian para adquirir 700 camiones fue cancelado oficialmente por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) tras detectarse diversos incumplimientos por parte del proveedor.
El encargado del IMA, Abraham Vargas, confirmó la rescisión del contrato durante una reunión de la Junta de Gobierno del organismo. El caso ya fue turnado a la Contraloría estatal para determinar posibles sanciones, que incluyen el cobro de la garantía de seriedad e incluso la inhabilitación del proveedor.
Este contrato representaba una parte importante de la flota de 1,500 unidades que el gobierno había prometido como la renovación más grande de la historia del transporte público estatal.
Luego de casi 3 años y no funcionar, Estado tumba de las rutas camioneras el sistema de pago por kilómetro y regresa al pago por pasajero.#Entérate https://t.co/N0MJMBOVjw
— EL NORTE (@elnorte) June 24, 2025
Improvisación y parches para tapar el fracaso
Tras el colapso de la licitación, las autoridades buscaron salvar parte del plan a través de mecanismos alternativos. Se realizó una invitación restringida a tres participantes para intentar adjudicar 500 camiones adicionales, pero solo se obtuvo una oferta viable para 400 unidades. Aunque el fallo debía ser anunciado públicamente, el nombre del proveedor seleccionado no fue revelado en ese momento.
Respecto a las 300 unidades restantes, el gobierno optó nuevamente por modificar contratos existentes y recurrir a adjudicaciones directas para completar el faltante, estrategia que ha sido duramente cuestionada por su falta de transparencia.
Esta serie de cambios improvisados confirma lo que expertos en movilidad y organizaciones ciudadanas han advertido durante meses: la falta de planeación real y el manejo desordenado de un problema estructural que afecta a miles de usuarios diariamente.
El fracaso del pago por kilómetro en Nuevo León
Más allá de la crisis contractual, el fracaso tiene raíces en el modelo financiero fallido que implementó la administración estatal. Bajo el esquema inicial, el gobierno pagaba a los transportistas por cada kilómetro recorrido, sin importar si llevaban pasajeros o no.
Esta política generó incentivos erróneos, llevando a los transportistas a operar unidades vacías para maximizar ingresos, lo que derivó en un desgaste acelerado de la flota. Al menos el 25% de los camiones quedaron fuera de servicio o yonkeados en apenas tres años de operación.
El costo económico fue altísimo: el gobierno estatal gastó 40 millones de pesos semanales en subsidios, acumulando un gasto total de 15 mil millones de pesos durante el tiempo que funcionó el esquema.
Finalmente, ante la inviabilidad del modelo, el propio gobierno se vio obligado a revertir el plan y regresar al pago basado en pasajeros transportados. Sin embargo, la desconfianza pública permanece, pues los cambios se han dado tras años de alertas ignoradas.
Array
