Una nueva controversia ha estallado entre el Congreso de Nuevo León y el Gobierno estatal encabezado por Samuel García, luego de que se revelara que la administración emecista alista la contratación de una deuda por 10 mil 500 millones de pesos sin someterlo a la autorización del Poder Legislativo.
De acuerdo con diputados de diversas fracciones políticas, este movimiento financiero violaría de manera directa la Ley de Administración Financiera del Estado, al pretender respaldar la deuda con ingresos de la Red Estatal de Autopistas (REA) a través de un fideicomiso, lo cual, según advierten, representa una maniobra para evadir los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que impone la ley.
El señalamiento se originó tras trascender que la administración estatal busca utilizar los recursos de peaje de las autopistas como garantía para adquirir nueva deuda, sin que se haya presentado ninguna solicitud formal ante el Congreso local. Legisladores del PRI, PAN e incluso de Morena coincidieron en calificar como “ilegal” esta operación, y urgieron a frenar cualquier intento de formalizarla.
Alertan por uso de fideicomiso
Una de las principales preocupaciones expresadas por los diputados es el método que el Gobierno estaría utilizando para intentar concretar la operación financiera: la creación de un fideicomiso. A través de esta figura, el Ejecutivo estatal buscaría obtener los recursos sin requerir el aval legislativo, argumentando que al no comprometer directamente recursos presupuestales estatales, no sería necesario presentar la iniciativa ante el Congreso.
Sin embargo, diputados locales señalaron que esta estrategia no solo resulta cuestionable, sino que viola expresamente lo estipulado en el artículo 127 de la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León, el cual establece que toda contratación de deuda pública, tanto del Estado como de sus organismos descentralizados, debe pasar forzosamente por la revisión y aprobación del Congreso.
“Lo que pretenden hacer es ilegal, no hay otra manera de decirlo”, aseguró la diputada Armida Serrato, del PRI, quien recalcó que el uso de fideicomisos no puede ser excusa para aumentar las garantías de pago sin que el Legislativo lo autorice. Según la legisladora, el mecanismo propuesto implicaría duplicar las obligaciones del organismo involucrado, en este caso la REA, lo que por sí solo anula cualquier excepción que contemple la ley.
El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, coincidió en que se trata de una operación que busca evadir los contrapesos institucionales. “No puede un Consejo de Administración tomar decisiones de este calibre sin la intervención del Congreso”, declaró. Además, lamentó que la administración de Samuel García esté utilizando estructuras financieras opacas para manejar recursos públicos sin supervisión.
Falta de transparencia y deuda acumulada
Uno de los puntos más alarmantes para los legisladores es el creciente endeudamiento del Estado y la falta de claridad sobre el destino de los recursos. A pesar de que ya se había aprobado previamente una deuda por 6 mil millones de pesos para proyectos específicos como las líneas 4 y 6 del Metro, ahora se pretende contraer un nuevo crédito superior a los 10 mil millones, sin que se expliquen con precisión los fines de esta nueva obligación financiera.
“Parece que los recursos que ya se le autorizaron al Gobierno se han desviado a otros fines, como conciertos, propaganda y eventos públicos”, acusó Carlos de la Fuente. Esta observación se da en medio de críticas al gasto en comunicación social y promoción de imagen de la administración estatal, que algunos sectores consideran excesivo para un estado con tantas necesidades en infraestructura, seguridad y salud.
A este contexto se suma la preocupación por la situación financiera de la Red Estatal de Autopistas, organismo que ya carga con una deuda acumulada de más de 15 mil millones de pesos. Utilizar sus ingresos como garantía de un nuevo endeudamiento no sólo comprometería su viabilidad futura, sino que abriría la puerta a una posible crisis financiera si no se logra cubrir con puntualidad el nuevo compromiso.
Diputados del Congreso advirtieron que permitir este tipo de operaciones sentaría un precedente grave, pues implicaría que cualquier administración estatal podría eludir la revisión legislativa simplemente recurriendo a fideicomisos o a organismos descentralizados para maniobrar recursos públicos.
Jesús Elizondo, legislador de Morena, expresó su desconcierto al afirmar que en el Congreso no se había informado oficialmente de este intento de contratación de deuda, y exigió que se transparente el proceso. “Nos enteramos por los medios, eso no es rendición de cuentas. Se deben explicar las razones y los detalles de esta nueva deuda”, declaró.
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