La triangulación de recursos volvió al centro del debate político en Nuevo León tras una investigación periodística que señala movimientos por más de $200 millones de pesos hacia una empresa vinculada al gobernador. El caso involucra a Suministros MYR, Productos Mexicanos JACE y a un despacho jurídico familiar. La triangulación de recursos amplía la controversia pública.
Contratos Estatales Bajo Sospecha Por Triangulación De Recursos
La investigación señala que Suministros MYR obtuvo contratos por $964.7 millones de pesos para servicios de alimentación en prisiones y dependencias estatales. Posteriormente, esa empresa transfirió alrededor de 237 millones a Productos Mexicanos JACE, compañía relacionada.
De acuerdo con el reportaje, JACE depositó $202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal de Abogados, despacho fundado por el mandatario y su padre en 2014. Los conceptos registrados incluyen “honorarios”, aunque no se detallan los servicios específicos prestados.
Las transferencias comenzaron en octubre de 2021, el mismo mes en que inició la actual administración. La coincidencia temporal generó cuestionamientos sobre la ruta del dinero y el contexto en que se realizaron los pagos.
La publicación sostiene que estos movimientos podrían configurar un esquema de triangulación de recursos, ya que el flujo inicia con contratos públicos y termina en una firma privada relacionada con el Ejecutivo.
Transferencias Millonarias Y Ruta Financiera Señalada
Suministros MYR facturó 237 millones bajo el concepto de administración corporativa a Productos Mexicanos JACE. Esta última, según la investigación, transfirió 202.9 millones al despacho jurídico.
El seguimiento del dinero se realizó con base en registros del Servicio de Administración Tributaria. La revisión apunta a que JACE no tenía relación comercial previa con el despacho hasta el inicio de la actual administración.
Además, MYR amplió su objeto social en diciembre de 2022 para incluir servicios de alimentación, un año después de haber recibido contratos en ese rubro. Este cambio fue destacado dentro del reportaje como un elemento relevante.
La triangulación de recursos señalada plantea dudas sobre la relación entre proveedores estatales y empresas privadas vinculadas al entorno familiar del gobernador.
Respuesta Oficial Y Contexto Político
El gobernador rechazó las acusaciones en su cuenta de X. Afirmó que su gobierno es “incorruptible” y que no tiene nada que ocultar. También señaló que la empresa MYR ha sido proveedora desde 2016, antes de su mandato.
Explicó que JACE mantiene contratos con el Estado desde 2017 y que su despacho brindó servicios a esa firma en años anteriores. Según su versión, existió un contrato crediticio que fue anulado en 2022 por un tribunal.
El mandatario acusó al medio que publicó la investigación de actuar bajo un “montaje” y señaló a actores políticos locales de intentar presionarlo en el contexto electoral.
La controversia revive antecedentes. En 2022, el Instituto Nacional Electoral lo sancionó con 448 mil pesos por un esquema de triangulación durante su campaña. Aunque la multa original fue mayor, el Tribunal Electoral la redujo posteriormente.
Antecedentes De Triangulación De Recursos En Nuevo León
El caso actual no es el primer señalamiento relacionado con triangulación de recursos. Durante procesos electorales previos, autoridades revisaron movimientos financieros vinculados a empresas relacionadas con familiares.
En aquella ocasión, el INE indicó que debió reportarse el origen de ciertos recursos. Posteriormente, el Tribunal revocó parte de la sanción al considerar que no se demostró plenamente la participación directa.
La reiteración del concepto de triangulación de recursos en distintos momentos políticos ha mantenido el tema en la agenda pública.
En el ámbito local, el contexto político también influye. El gobernador fue precandidato presidencial durante un breve periodo y enfrentó tensiones con el Congreso estatal por la designación de un sustituto.
El nuevo señalamiento se produce en medio de una etapa electoral activa y de aspiraciones políticas dentro del partido Movimiento Ciudadano.
La discusión actual gira en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras la investigación periodística sostiene la existencia de un esquema financiero circular, el Ejecutivo insiste en que los contratos son legales y anteriores a su administración.
El desenlace dependerá de las revisiones oficiales y de la capacidad de las autoridades para esclarecer el flujo de los más de 200 millones señalados.
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