Durante el primer semestre de 2025, Nuevo León registró un aumento preocupante en delito de despojo de bienes inmuebles y de aguas, con un total de 699 carpetas de investigación iniciadas, lo que representa un incremento del 9 por ciento.. Esta cifra revela una tendencia persistente al alza de este delito, que afecta directamente el patrimonio de familias y comunidades enteras, muchas veces dejándolas sin hogar o sin acceso a recursos vitales como el agua.
Las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detallan que, mes a mes, el número de casos se mantuvo elevado, con febrero y marzo como los más críticos, registrando 125 y 129 casos respectivamente. Aunque enero tuvo una cifra ligeramente inferior, con 98 denuncias, los meses siguientes superaron la barrera de los 100 delitos reportados. La media diaria durante estos seis meses fue de 3.86 denuncias por día, lo que sugiere que este fenómeno no es esporádico, sino constante y extendido en la entidad.
Este escenario deja en evidencia una situación alarmante que no ha sido contenida por las autoridades estatales. A pesar del impacto social y legal que representa el despojo, el gobierno encabezado por Samuel García no ha presentado medidas claras ni estrategias públicas para enfrentar este delito, lo que ha generado críticas por su falta de atención en temas de seguridad patrimonial.
Tendencia sostenida desde 2021 en delito de despojo
El repunte de este delito en 2025 no es un hecho aislado. Desde octubre de 2021, cuando comenzó la actual administración estatal, se han acumulado 4 mil 944 denuncias por despojo, una cifra que refleja la persistencia del problema y la insuficiencia de respuestas institucionales. Durante los últimos 45 meses, la media mensual fue de casi 110 delitos denunciados, lo que demuestra que la tendencia no solo es continua, sino estructural.
Al desglosar las cifras, se observa que en 2022 se denunciaron 1,360 casos, mientras que en 2023 se reportaron 1,318 y en 2024 un total de 1,235. Esta variación leve no implica una reducción efectiva, sino que el delito se mantiene con una frecuencia preocupante. En los primeros seis meses de 2025, con 699 casos, se vislumbra que el año podría cerrar nuevamente con más de mil denuncias, si no se implementan medidas de contención eficaces.
El despojo ocupa el lugar número 15 en la lista de delitos más frecuentes en el estado, por debajo de otros como la violencia familiar y el narcomenudeo. Sin embargo, su impacto social lo vuelve particularmente grave: no solo afecta propiedades, sino que también genera incertidumbre jurídica, desalojos forzados y conflictos comunitarios. La ausencia de protección efectiva al derecho de propiedad agrava la crisis de confianza ciudadana hacia el gobierno estatal.
Sube 9% el delito de despojo en Nuevo León durante primer semestre del añohttps://t.co/jLe2ITTg1G
— Milenio Monterrey (@MilenioMty) July 15, 2025
Falta de acción estatal sobre el delito de despojo
A pesar de las cifras alarmantes, no se han visto acciones contundentes por parte del gobierno de Nuevo León para frenar el crecimiento de este delito. Samuel García y su administración han privilegiado otros frentes, como los anuncios de inversión extranjera o los temas mediáticos, mientras el combate a delitos que afectan directamente a la ciudadanía sigue siendo deficiente.
El crecimiento del delito de despojo podría interpretarse como un reflejo del desinterés o falta de capacidad para atender los conflictos legales y sociales que se viven en las colonias populares y áreas rurales, donde este fenómeno es más común. En muchos casos, las víctimas no reciben una atención inmediata ni cuentan con apoyo legal suficiente para recuperar sus propiedades.
Además, expertos en derecho y organizaciones civiles han advertido que la falta de mecanismos de prevención y sanción efectiva abre la puerta a más abusos, especialmente por parte de personas o grupos que operan en la informalidad y que aprovechan la lentitud del sistema judicial para consolidar sus despojos.
Si el gobierno no refuerza su capacidad institucional para prevenir y castigar este delito, es probable que la situación se deteriore aún más en los próximos meses, especialmente ante la percepción de impunidad y la debilidad en la procuración de justicia. Esta omisión institucional no solo afecta a quienes han sido despojados, sino también al tejido social de comunidades enteras que se ven afectadas por conflictos legales prolongados.
Urge Estrategia Estatal Integral
La persistencia del delito de despojo en Nuevo León, con casi 5 mil casos acumulados en menos de cuatro años, confirma que no se trata de una problemática menor ni aislada. La falta de resultados visibles por parte del gobierno estatal, encabezado por Samuel García, ha generado un clima de desconfianza entre la ciudadanía, especialmente entre quienes han sido víctimas de este delito y no han recibido respuestas eficaces.
Este fenómeno no solo pone en riesgo el patrimonio de las familias, sino que también evidencia una crisis en la capacidad de las instituciones para garantizar el acceso a la justicia. Mientras los números crecen mes con mes, la ausencia de medidas preventivas, programas de protección patrimonial o reformas al sistema legal permite que el despojo se normalice como una forma más de violencia estructural.
Si el gobierno de Nuevo León no diseña e implementa una estrategia integral de seguridad patrimonial, que combine prevención, atención y sanción efectiva, el despojo seguirá creciendo y debilitando el estado de derecho. La cifra de 699 casos en seis meses debe ser una llamada de atención inmediata para una administración que, hasta ahora, ha minimizado las consecuencias de esta problemática.
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