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Samuel García Sube Tarifas de Agua sin Consenso

11 junio, 2025
in Local
Samuel García - La Razón Nl
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  • Consejeros pidieron más tiempo
  • Aumentos aplicados desde 2022 en Nuevo León
  • Sectores productivos se deslindan

Desde hace más de tres años, los habitantes de Nuevo León han observado cómo el costo del servicio de agua potable ha ido en aumento. Lo que muchos desconocen es que este ajuste tarifario, que ha alcanzado un alza de hasta 70 por ciento, no fue resultado de un acuerdo general entre los sectores involucrados, sino de una decisión unilateral tomada por el gobernador Samuel García durante una sesión privada del Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), celebrada en marzo de 2022.

Aunque este órgano está conformado por representantes del Gobierno estatal, cámaras empresariales, usuarios y legisladores, el alza fue impuesta sin contar con el respaldo de la mayoría, debido a que cuatro consejeros se abstuvieron de votar por falta de información. Ante el empate generado, el mandatario utilizó su voto de calidad para validar la medida, que impacta directamente en la economía de miles de familias.


Consejeros pidieron más tiempo

La sesión en la que se aprobó el incremento tarifario estuvo marcada por la falta de condiciones para un análisis informado. Representantes de Caintra, Canaco de Monterrey, Caprobi y el Congreso local expresaron su preocupación por no haber recibido con anticipación los documentos necesarios para evaluar la propuesta. A pesar de haber solicitado que la información se entregara al menos con tres días de antelación, esto no ocurrió.

Durante la reunión, el diputado Javier Caballero reiteró que, al representar a los 42 integrantes del Congreso, no podía emitir un voto sin consultar antes. Otros consejeros también se abstuvieron de votar por razones similares. En lugar de aplazar la decisión, como sugerían los consejeros abstencionistas, el gobernador decidió continuar con la votación, declarando que se trataba de una situación urgente derivada de la crisis hídrica.

Con el empate sobre la mesa, Samuel García hizo uso de su voto doble como presidente del Consejo para imponer el alza en las tarifas, lo que provocó molestia entre sectores que esperaban mayor transparencia en las decisiones públicas.

Incrementos, actualizaciones y nueva cuotas de #AguayDrenaje encarecen hasta 70% el servicio para la mayoría de usuarios domésticos. #ElNorteLocal https://t.co/yI3Az9psRr

— elnortelocal (@elnortelocal) June 9, 2025

Aumentos aplicados desde 2022 en Nuevo León

El llamado “ajuste tarifario” comenzó a reflejarse en los recibos de agua desde marzo de 2022. En algunos casos, el incremento ha sido de entre 10 y 40 por ciento, pero en conjunto con otras medidas como la cuota de saneamiento, el alza acumulada ha llegado hasta 70 por ciento para los hogares de Nuevo León.

Esta cuota adicional, equivalente al 12.5% del consumo de agua, fue aprobada posteriormente por siete de los ocho integrantes del Consejo, incluyendo al Gobernador. La justificación oficial fue que se trataba de una medida “vital” para enfrentar la escasez de agua y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, este argumento no ha sido suficiente para quienes consideran que el alza tarifaria fue precipitada, carente de debate y poco sensible al contexto económico de muchas familias en la entidad.


Sectores productivos se deslindan

Las reacciones al aumento no se hicieron esperar. Integrantes del sector privado que participan en el Consejo de AyD han señalado que nunca dieron su aval a la medida. Jaime Rodríguez, de Caintra, fue uno de los que solicitó que no se tomara una decisión apresurada sin evaluar las implicaciones económicas y sociales del incremento.

Pese a ello, el Ejecutivo estatal optó por llevar la decisión a cabo, argumentando que debía presentar una propuesta concreta en una reunión con el Presidente de la República que se realizaría días después. Esto fue interpretado por varios actores como una acción que antepuso la agenda política sobre la deliberación técnica, dejando de lado la colaboración entre sectores.

Con esta dinámica, la administración estatal ha dejado fuera de la discusión a sectores productivos y representantes sociales, mermando la legitimidad del proceso y generando inquietud sobre futuras decisiones similares en temas clave como el agua.

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