Las reacciones no se hicieron esperar tras la polémica propuesta del Gobierno de Samuel García de reformar la Ley de Educación para obligar a las escuelas y padres de familia a hacerse cargo del transporte escolar. En redes sociales y en el Congreso local, la iniciativa fue recibida con críticas que acusan al gobernador de deslindarse de sus responsabilidades en materia de movilidad y de delegar una función esencial del estado a particulares.
Con un transporte público insuficiente, mal coordinado y sin mejoras tangibles a la vista, la ciudadanía se pregunta si ahora también deberán asumir la carga de resolver el tráfico generado por las entradas y salidas escolares. “¿Qué sigue? ¿Que pavimentemos nuestras calles?”, expresó una madre de familia en tono de frustración, al enterarse de que la medida considera que los planteles y los padres deben asumir los costos e implementación del servicio de transporte.
Mientras tanto, el Ejecutivo estatal continúa sin presentar un plan real de inversión en el transporte público, lo que ha generado molestia en sectores sociales que desde hace años padecen congestionamientos viales, rutas ineficientes y pocas alternativas para desplazarse por la ciudad.
Una estrategia sin sustento técnico
La iniciativa fue presentada por Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad estatal, quien indicó que la medida busca “aliviar el tráfico” y que serían los planteles escolares los responsables de definir cómo aplicarla. Sin embargo, no se proporcionaron diagnósticos técnicos, presupuestos, mecanismos de supervisión ni criterios diferenciados entre escuelas públicas y privadas.
Actualmente, existen más de 4 mil escuelas de educación básica en el área metropolitana de Monterrey, de las cuales al menos mil 182 son privadas. El universo de alumnos, horarios y condiciones logísticas es tan diverso que la implementación de una medida general como esta resulta impráctica y desordenada, según han señalado expertos en política pública y legisladores locales.
Además, ningún representante del sector educativo fue consultado previamente, lo que ha sido considerado una omisión grave por parte de la administración estatal, que intenta resolver un problema estructural a través de una imposición improvisada.
Congreso rechaza reforma unilateral
En el Congreso local, la propuesta recibió una respuesta negativa de parte de la mayoría de los partidos políticos. Las bancadas coincidieron en que la iniciativa no solo es insuficiente, sino que representa un intento del gobernador por evitar asumir responsabilidades.
“Ahora resulta que quieren que el Congreso y los planteles escolares hagamos su trabajo”, declaró el coordinador de una de las bancadas, quien además subrayó que gobernar no se trata de “repartir culpas ni cargar responsabilidades a quien no le toca”.
Incluso desde Morena, el diputado Mario Soto consideró inviable la aprobación de la reforma en el corto plazo, mientras que la diputada del PRI Armida Serrato lamentó que la propuesta se haya limitado a modificar la Ley de Educación, sin considerar otros ordenamientos necesarios para una solución integral.
¿Ya está desesperado? Con un transporte público rebasado, Samuel propone que colegios y padres paguen el traslado de alumnos. Diputados acusan al Estado de improvisar y deslindarse de su responsabilidad. 🚗
— La Razón NL (@Larazon_nl) July 23, 2025
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Municipios y privados ya hacen su parte
El fondo del problema parece ser la falta de liderazgo del gobierno estatal en el tema de movilidad. Desde hace años, varios municipios como Monterrey, Apodaca, San Pedro, Guadalupe y Santa Catarina han implementado rutas locales o alimentadoras para intentar reducir el caos vial, especialmente en horas pico.
Asimismo, un porcentaje cada vez mayor de la población —alrededor del 7%— se transporta por medio de servicios privados, debido a la ineficiencia del transporte público estatal. Estas cifras evidencian que la población ya está buscando soluciones por cuenta propia, mientras el Ejecutivo se limita a proponer reformas sin estructura, ni visión de largo plazo.
La falta de coordinación metropolitana, de inversión en unidades, de mantenimiento del sistema de rutas y de implementación de nuevas tecnologías ha hecho que el problema del tráfico escolar sea solo una parte de una crisis más profunda, que requiere más que una reforma educativa para solucionarse.
MC respalda la medida, pero hay dudas
La única voz a favor dentro del Congreso fue la de Melisa Peña, diputada de Movimiento Ciudadano, quien argumentó que algunas escuelas privadas, especialmente aquellas con colegiaturas altas, ya podrían implementar el servicio sin mayores complicaciones.
Sin embargo, esta postura fue vista por otros legisladores como elitista y limitada, ya que ignora el contexto de la mayoría de las escuelas privadas de mediano y bajo costo, así como la totalidad de los planteles públicos que no podrían costear el traslado de cientos de alumnos sin apoyo institucional.
Incluso si algunas escuelas pueden asumir el gasto, esto no resuelve el problema de fondo ni garantiza que se reduzca el tráfico en zonas escolares si no se acompaña de un rediseño del transporte público, mejores rutas, campañas de concientización y coordinación interinstitucional.
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