La mañana de este jueves, una obra vial en la avenida Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, fue abruptamente suspendida tras la intervención directa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. La razón: el carril habilitado para un contraflujo dificultaba el avance de su caravana en plena hora pico.
Lo que para muchos ciudadanos era una medida temporal para aliviar el tránsito matutino, se convirtió en el centro de una controversia política. La escena, presenciada por varios automovilistas, muestra al mandatario retirando él mismo las barreras colocadas por agentes de tránsito, ordenando además el retiro de los elementos municipales y el fin inmediato de los trabajos.
El hecho generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde numerosos usuarios acusaron al gobernador de actuar por encima de la ley, utilizando su poder para modificar una medida de beneficio público solo porque le resultaba incómoda. El incidente encendió nuevamente el debate sobre el uso personal del poder y la falta de respeto a las instituciones municipales.
Rechazo a decisiones autoritarias
Lo ocurrido en Miguel de la Madrid no fue un operativo oficial ni una revisión técnica del contraflujo. Fue, según los testigos, un acto impulsivo en el que el propio gobernador intervino sin consultar a autoridades viales ni a la administración municipal. La obra, que se había implementado para redistribuir los carriles y facilitar el tránsito en dirección a Monterrey, fue eliminada en minutos por una orden verbal.
El momento en que Samuel García baja de su vehículo, se acerca a las barreras y las retira, provocó sorpresa entre los presentes. La instrucción posterior para que se retiraran los tránsitos generó aún más confusión. No se trató de un cambio de estrategia consensuado ni de una reestructuración del plan de movilidad; fue una decisión tomada en caliente ante el retraso de su traslado.
Este tipo de actos son los que ponen en entredicho la división de funciones entre el Ejecutivo estatal y las autoridades municipales, especialmente cuando medidas temporales como los contraflujos buscan mitigar problemáticas estructurales como el caos vial en las horas punta. La suspensión abrupta de esta estrategia no solo afectó a cientos de automovilistas, sino que también envió un mensaje preocupante sobre cómo se ejerce el poder en Nuevo León.
. @samuel_garcias no tuvo "paciencia, paciencia y más paciencia" como su Gobierno pide a los ciudadanos, y personalmente ordenó suspender obras que retrasaban su traslado por el Bulevar Miguel de la Madrid.
— Daniel Reyes (@dreyesmty) July 17, 2025
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Ciudadanía cuestiona prioridades del gobernador
Más allá del incidente vial, lo que más indignó a la opinión pública fue la actitud del gobernador, que pareció actuar solo cuando la congestión lo afecta personalmente. Las críticas apuntaron a una doble moral: mientras la población enfrenta a diario embotellamientos, transporte ineficiente y obras inconclusas, el gobernador interviene solo cuando su agenda se ve interrumpida por las mismas condiciones que padecen los ciudadanos.
Las redes sociales se llenaron de comentarios que señalaban la incoherencia entre el discurso público del mandatario y su conducta. Usuarios recordaron que el propio gobierno estatal ha pedido paciencia por las obras viales, ha exhortado a respetar señalamientos, y ha defendido proyectos de movilidad como necesarios para el desarrollo urbano. Sin embargo, ante un contraflujo que le impidió avanzar con fluidez, Samuel García no dudó en cancelar todo con una orden personal.
La indignación creció al no haber, hasta el momento, ninguna postura oficial que explique por qué se suspendió la medida vial ni si será restablecida. La falta de información solo alimentó la percepción de que el acto respondió a un impulso personal más que a una evaluación técnica.
Por otro lado, también se alzaron voces que cuestionaron el precedente que deja esta acción: ¿podrá cualquier funcionario deshacer decisiones municipales si le resultan incómodas? ¿Qué margen de operación tienen los municipios cuando se enfrentan a la voluntad del Ejecutivo estatal? Estas preguntas permanecen sin respuesta.
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El episodio vivido en Guadalupe no es un hecho menor. Pone sobre la mesa temas fundamentales como la legalidad, el respeto institucional y el abuso de poder, especialmente en un contexto metropolitano en el que la colaboración entre niveles de gobierno es crucial para resolver problemas estructurales como la movilidad.
El actuar del gobernador Samuel García ha reactivado las alertas sobre la centralización de decisiones y la falta de diálogo entre autoridades, en un momento en que se requiere planeación coordinada, no imposiciones desde la autoridad estatal. Para muchos, el tráfico no es solo un problema de infraestructura, sino un reflejo de cómo se gestiona el poder en lo cotidiano.
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