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En el contexto de un alarmante aumento de la violencia en Nuevo León, el Gobierno estatal, bajo la administración del Gobernador Samuel García, enfrenta serias críticas por su ineficaz proceso de reclutamiento para la Fuerza Civil. A pesar de las promesas realizadas al inicio de su gestión, el avance en el número de policías estatales ha sido decepcionante, con un incremento mínimo de solo 103 elementos en los tres primeros años de su mandato. Este aumento es considerablemente inferior a la ambiciosa meta de 1,800 nuevos reclutas que se estableció para el año 2025.
Según el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha del 31 de julio de este año, el número total de policías en Nuevo León asciende a 5,803. Este dato contrasta con el inicio de la administración de García, que comenzó con un total de 5,700 policías, lo que indica que el incremento en la fuerza policial ha sido apenas del 2%. Este modesto crecimiento es preocupante, especialmente considerando que el estado ha estado lidiando con un incremento en la violencia y la criminalidad.
Promesas no cumplidas
El 25 de octubre de 2021, poco después de asumir el cargo, Samuel García se comprometió a elevar la cifra de elementos de la Fuerza Civil a 7,500 en un plazo de cuatro años. Sin embargo, al acercarse el final de su tercer año de mandato, el reclutamiento se encuentra significativamente por debajo de lo proyectado, con una escasez de 1,697 policías que aún necesitan ser contratados. Esto se convierte en un reto urgente, ya que el tiempo se agota y la fecha límite se acerca rápidamente.
Desde 2016, durante la administración del ex Gobernador Jaime Rodríguez, el estado estableció una meta ambiciosa de alcanzar 10,000 policías para el final del sexenio. A pesar de los esfuerzos y campañas de reclutamiento que se han llevado a cabo a nivel nacional, este objetivo nunca se alcanzó, lo que pone de relieve la dificultad del Gobierno para atraer y retener a los efectivos necesarios en un contexto de creciente violencia.
La situación de seguridad en Nuevo León es alarmante, ya que el número de homicidios se acerca a los niveles registrados en 2012, un año marcado por una intensa lucha entre cárteles de la droga. En lo que va del presente año, el estado ha encabezado las listas de asesinatos en 32 ocasiones a nivel nacional, lo que representa alrededor del 10% de los días transcurridos. Este dato revela una tendencia preocupante que no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno estatal para gestionar la crisis.
Desafíos en el reclutamiento de más policías
A la ya crítica situación del reclutamiento de la Fuerza Civil se suma la baja en el número de efectivos en los municipios. De acuerdo con la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, los Alcaldes de la zona metropolitana que concluyeron sus trienios en septiembre pasado no lograron cumplir con las metas de contratación de policías que se habían fijado al inicio de sus gestiones. Solo los municipios de San Pedro y Escobedo lograron completar sus objetivos de reclutamiento, lo que deja al resto de los municipios en una situación precaria.
Esta incapacidad de los gobiernos municipales y estatales para reclutar y mantener un número adecuado de efectivos se traduce en una sensación de inseguridad creciente entre la población. Los ciudadanos no solo se sienten amenazados por la violencia, sino que también desconfían de la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad. El hecho de que los compromisos de reclutamiento no se hayan cumplido a lo largo de los años refleja una falta de estrategia y planificación adecuada, así como una incapacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la seguridad pública.
Las promesas incumplidas por parte de los líderes estatales han llevado a un clima de desconfianza. La falta de efectivos en las calles es palpable, y muchos ciudadanos sienten que su seguridad está en riesgo. Además, el aumento de la violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto significativo en la calidad de vida en general. La inseguridad puede desincentivar la inversión, afectar el comercio local y crear un ambiente de miedo que desincentive la participación ciudadana.
La presión social y política
En medio de esta crisis, la presión sobre el Gobierno estatal y municipal para abordar la situación de seguridad ha crecido considerablemente. La ciudadanía exige respuestas y soluciones efectivas para una problemática que no solo afecta a la seguridad personal, sino que también repercute en la estabilidad social y económica de Nuevo León. La falta de una respuesta contundente puede llevar a un deterioro aún mayor de la situación, lo que podría resultar en un clima de descontento y frustración hacia las autoridades.
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