El gasto estatal en promoción volvió a colocarse en el centro del debate público en Nuevo León. Durante 2024, el gobierno estatal destinó alrededor de 1.5 millones de pesos diarios a comunicación social, lo que equivale a 547 millones de pesos en un solo año. Este dato contrasta con una realidad financiera marcada por adeudos acumulados que, de cara al cierre fiscal de 2025, rondan los 650 millones de pesos y afectan a maestros jubilados, municipios y organizaciones civiles.
El señalamiento no solo apunta a las cifras, sino al contexto en el que se ejercen los recursos. Mientras el gasto en promoción se mantuvo constante, diversos sectores denuncian retrasos en pagos que el propio Estado reconoce, pero no ha logrado resolver.
Gasto En Promoción Bajo Cuestionamiento Público
La crítica tomó fuerza luego de que la plataforma Cómo Vamos Nuevo León presentara los resultados de su evaluación al gobierno estatal. Aunque la comunicación social no forma parte de los rubros calificados, la organización destacó el peso que tiene este gasto dentro del presupuesto.
De acuerdo con los datos expuestos, el Estado erogó cerca de 547 millones de pesos en promoción durante 2024. La cifra equivale a 1.5 millones de pesos diarios destinados a comunicación institucional.
Especialistas subrayaron que el presupuesto estatal se concentra principalmente en áreas como Educación, Transporte, Justicia, Seguridad Interior, Salud y Protección Social. Sin embargo, el gasto estatal en promoción no pertenece a estos rubros prioritarios y aun así representa una erogación significativa.
Desde la plataforma se señaló que el problema no es la existencia de comunicación social, sino la magnitud del gasto frente a otras necesidades financieras no atendidas. Para observadores ciudadanos, el monto resulta difícil de justificar en un escenario de presión presupuestal.
Adeudos Que Presionan Las Finanzas Del Estado
En paralelo al gasto en promoción, los compromisos financieros del Estado muestran un crecimiento sostenido. De cara al cierre del ejercicio fiscal 2025, los adeudos denunciados públicamente suman cerca de 650 millones de pesos, solo entre grupos de maestros, municipios y asociaciones civiles.
En todos los casos, quienes reclaman los pagos coinciden en un punto clave. La administración encabezada por Samuel García admite la existencia de los adeudos, pero argumenta presiones de gasto que impiden cumplir con los compromisos.
Esta explicación ha generado inconformidad, ya que no se ha acompañado de un calendario de pagos ni de una estrategia clara para reducir los pendientes. La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre entre los sectores afectados.
El propio Informe de Gestión Financiera del gobierno estatal reportó, al cierre del tercer trimestre, cuentas por pagar por 9 mil 755 millones de pesos, con vencimientos que van de 90 días a un año.
Maestros Jubilados, El Reclamo Más Costoso
El adeudo más cuantioso corresponde a los maestros jubilados. Desde hace meses, este sector mantiene un reclamo activo debido a que la Tesorería estatal no otorgó nuevamente el aumento anual a sus pensiones.
Los docentes señalan que existen criterios de la Suprema Corte que establecen que deben recibir el mismo trato que los maestros en activo. A pesar de ello, el ajuste no se ha aplicado.
El incremento pendiente es del 6.43 por ciento. De acuerdo con los propios jubilados, este porcentaje representa alrededor de 400 millones de pesos para unos 14 mil pensionados y jubilados en el estado.
Además, el monto no se mantiene fijo. Cada mes que pasa sin resolverse, el adeudo crece, lo que complica aún más la situación financiera y el posible cumplimiento futuro.
Organizaciones Civiles Y Municipios Sin Recursos
Las organizaciones civiles también figuran entre los sectores afectados. El pasado 30 de octubre, el Consejo Cívico reveló que el Estado no había entregado 101 millones de pesos a 162 asociaciones que operan con recursos estatales.
El rezago equivale al 44 por ciento de los 229.4 millones de pesos aprobados para estas agrupaciones. Para muchas de ellas, el retraso compromete la continuidad de programas sociales y servicios comunitarios.
En el ámbito municipal, los reclamos se intensificaron el 3 de noviembre, cuando alcaldes de nueve municipios rurales acusaron a la administración estatal de no entregar recursos del Fondo de Desarrollo Municipal y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) correspondientes a 2025.
Durante un reclamo desde el Congreso local, ediles de Sabinas, Higueras, Bustamante, Los Ramones, Los Aldamas, General Bravo, Parás, General Treviño y Agualeguas señalaron que algunos adeudos incluso incluyen partidas del 2024.
Pueblos Mágicos Y Adeudos Arrastrados
Días después, el alcalde de Santiago reclamó un adeudo estatal de 100 millones de pesos relacionados con el programa de Pueblos Mágicos. Municipios como Santiago, Linares, Bustamante, Zaragoza y General Terán deben recibir 10 millones de pesos anuales cada uno.
Sin embargo, los señalamientos indican que los pagos pendientes no solo corresponden al presente año, sino también a ejercicios fiscales anteriores. Esta situación ha generado tensiones entre el Estado y los gobiernos locales.
Hasta ahora, la administración estatal no ha dado una respuesta pública integral ni ha negado los adeudos. Tampoco ha explicado cómo se resolverán estos compromisos en el corto plazo.
Prioridades Presupuestales En Debate
El contraste entre el gasto estatal en promoción y los adeudos acumulados ha marcado la conversación pública en Nuevo León. Para muchos ciudadanos, la persistencia del gasto en publicidad resulta incompatible con los retrasos en pagos a sectores sociales y municipios.
Más allá de las cifras, el debate gira en torno a las prioridades del gasto público y a la credibilidad del manejo financiero estatal. Mientras no exista claridad sobre cómo se reducirán los adeudos, el tema seguirá presente en la agenda pública.
Por ahora, el gasto en promoción y la deuda avanzan en direcciones opuestas, alimentando cuestionamientos sobre el rumbo de las finanzas estatales.
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