La situación jurídica de Samuel Orlando se complica tras la apertura de una carpeta por parte de la FGR. El medio hermano de Samuel García es señalado por posibles delitos fiscales y operaciones con recursos ilícitos. Las pesquisas apuntan a omisiones millonarias en el pago de impuestos vinculadas a la Firma Jurídica Fiscal. Este proceso busca determinar si existió un esquema de evasión de capitales.
La Lupa Sobre La Firma Jurídica Fiscal
El origen del conflicto legal emana directamente de las actividades profesionales de la familia del mandatario. La Firma Jurídica Fiscal es el despacho donde el investigado figura como socio activo. En este mismo espacio legal laboran tanto su padre como el propio titular del ejecutivo estatal. Las autoridades federales han centrado su atención en la contabilidad interna de este negocio.
La Procuraduría Fiscal de la Federación detectó fallas graves en las declaraciones anuales del contribuyente. Específicamente, se analizan los movimientos bancarios realizados durante los años 2018 y 2019. En ese periodo, la brecha entre ingresos y pagos de impuestos resultó alarmante para el fisco nacional. Las querellas presentadas formalmente exigen una clarificación inmediata de los montos no declarados.
El secreto bancario ha sido levantado por orden de un juez de control federal en el estado. Ahora, los fiscales tienen acceso a las declaraciones informativas de operaciones con terceros. También se revisan las constancias de situación fiscal y los sellos digitales utilizados. Este nivel de escrutinio busca cerrar cualquier espacio a la simulación de servicios profesionales.
Acusaciones Financieras Contra Samuel Orlando
El monto de la supuesta evasión fiscal no es un tema menor para la administración pública. En el ejercicio 2018, se estima que Samuel Orlando omitió el pago de casi 600 mil pesos. No obstante, la cifra escaló drásticamente al año siguiente según los reportes oficiales. Para el periodo 2019, la deuda con el erario por concepto de ISR superó los 2.7 millones.
A estas cifras se suma una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FEMDO lidera este seguimiento para descartar el blanqueo de capitales dentro de la entidad. Se han solicitado reportes de notarios públicos y fedatarios para rastrear propiedades adquiridas. La intención es cruzar la información de ingresos reales contra el estilo de vida reportado.
Las repercusiones de este caso trascienden lo familiar y tocan la estructura del despacho compartido. Cada socio de la firma está bajo la mirada de los analistas de inteligencia financiera. Los peritajes incluyen la revisión de la firma electrónica avanzada usada en transacciones clave. La justicia federal no ha descartado citar a comparecer a otros miembros de la sociedad civil.
La Fiscalía Federal le pisa los talones al hermano del góber, Samuel Orlando, por lavar y desviar 3 millones entre 2018 y 2019. Este Samuel es señalado por evadir impuestos mientras operaba en la firma jurídica de la familia.
— La Razón NL (@Larazon_nl) February 23, 2026
¡Lo traen en la sangre! 💼 pic.twitter.com/YBkJm6X9KL
Contexto Político En Nuevo León Y Samuel García
Este episodio se suma a una serie de conflictos legales que rodean a Nuevo León. No es la primera vez que la fiscalía interviene en temas que involucran al círculo del gobernador. Desde hace tiempo, la figura de Samuel García ha estado vinculada a revisiones sobre financiamiento de campañas. La coincidencia con procesos electorales previos ha levantado diversas opiniones en el sector político.
Anteriormente, otros personajes de la vida pública local también enfrentaron procesos por delitos similares. Sin embargo, la implicación directa del hermano del mandatario genera una presión mediática distinta. El gobierno estatal ha mantenido una postura de respeto a los procesos judiciales externos. Aun así, la narrativa de transparencia se ve desafiada por estas indagatorias federales vigentes.
La justicia regia se mantiene a la expectativa de los resultados de estas investigaciones bancarias. Si se comprueban los delitos, las sanciones podrían incluir penas privativas de la libertad. Por ahora, el proceso continúa en su etapa inicial de recopilación de pruebas contables. La comunidad regiomontana sigue de cerca cada actualización sobre este presunto fraude al erario federal.
