Desobediencia Y Resistencia Crecen En Nuevo León
La desobediencia y resistencia de particulares contra la autoridad en Nuevo León alcanzó en 2025 niveles sin precedentes, marcando un año histórico para este tipo de delitos. En solo siete meses, las cifras superaron el total registrado en todo el 2024, confirmando una tendencia que ya acumula casi una década al alza.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, entre enero y julio se contabilizaron 634 denuncias por desobediencia y resistencia, superando las 573 registradas durante los doce meses del año anterior. Lo más preocupante es que tres de esos meses rebasaron la barrera de los cien casos, algo que no se había observado en ningún otro periodo.
Esta situación no solo representa un desafío para las autoridades, sino que también refleja tensiones sociales, cambios en la percepción ciudadana hacia las instituciones y un clima cada vez más propenso a la confrontación.
El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad sigue creciendo en Nuevo León: en siete meses de 2025 se han registrado 634 casos, la cifra más alta en nueve años. Tres meses rebasaron los 100 incidentes. 📈
— La Razón NL (@Larazon_nl) August 14, 2025
¿Se perdió el respeto hacia Samuel? pic.twitter.com/fcX7ZBRHpD
Tendencia sostenida de desobediencia
Las cifras muestran que la desobediencia ha crecido de forma constante durante los últimos nueve años. En 2016 se registraron apenas 79 carpetas de investigación, pero desde entonces los números han aumentado sin pausa: 117 en 2017, 177 en 2018, 262 en 2019, 355 en 2020, 442 en 2021, 471 en 2022, 512 en 2023, 573 en 2024 y ahora 634 en solo siete meses de 2025.
Este incremento progresivo evidencia un problema estructural que va más allá de incidentes aislados. La frecuencia con la que los ciudadanos desafían a la autoridad parece indicar una pérdida de respeto hacia las figuras de orden y un debilitamiento en los mecanismos de mediación de conflictos.
En el desglose mensual de este año, enero cerró con 69 casos, febrero con 100, marzo con 83, abril con 115, mayo con 71, junio con 95 y julio con 101. Estos datos revelan que la incidencia no se concentra en un periodo específico, sino que se mantiene alta a lo largo del tiempo.
Qué establece la ley sobre desobediencia
La desobediencia está tipificada en el Artículo 180 del Código Penal de Nuevo León. Este señala que comete este delito quien, sin causa legítima, se niegue a prestar un servicio de interés público al que esté legalmente obligado o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad.
La pena establecida para este acto es de uno a tres años de prisión y una multa que oscila entre diez y cien cuotas. La intención de esta disposición es proteger el orden y garantizar que las instrucciones de la autoridad puedan ejecutarse de manera efectiva.
Por otro lado, el Artículo 182 contempla la resistencia de particulares, que ocurre cuando una persona utiliza la fuerza, amenazas o amagos para impedir que la autoridad cumpla con sus funciones. Las sanciones para esta conducta son equivalentes a las de la desobediencia, lo que refleja la gravedad con la que se perciben ambos actos.
Factores que explican el aumento
El crecimiento de los casos de desobediencia y resistencia no es un fenómeno aislado, sino que responde a una combinación de factores sociales, culturales y políticos. Especialistas en criminología sugieren que el aumento podría estar vinculado a una mayor desconfianza ciudadana hacia las instituciones, a percepciones de abuso de poder o a la falta de canales efectivos para resolver desacuerdos con la autoridad.
También se ha mencionado la influencia de las redes sociales, donde algunos incidentes se viralizan, generando reacciones que pueden alentar conductas similares. Si bien la mayoría de las interacciones entre ciudadanos y autoridades se desarrollan sin incidentes, los casos de confrontación parecen tener cada vez más visibilidad y repercusión pública.
Retos para las autoridades
Frente a este panorama, el reto para el estado no se limita a reducir las cifras, sino a restablecer la confianza y garantizar que el cumplimiento de la ley no se vea comprometido. Ello implica reforzar la capacitación de los cuerpos policiales, mejorar los protocolos de actuación y abrir canales de diálogo que permitan prevenir conflictos antes de que escalen.
Asimismo, es clave que las autoridades actúen con transparencia en la aplicación de la ley para evitar percepciones de parcialidad o arbitrariedad, ya que estos factores suelen alimentar la resistencia ciudadana.
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