La nueva iniciativa del senador Waldo Fernández para limitar el uso de vehículos todoterreno, RZRs y paseos en ruta dentro de áreas naturales protegidas ha provocado un intenso debate en Nuevo León. Aunque la propuesta se presenta bajo el discurso de proteger el medio ambiente, los detalles del proyecto han generado críticas generalizadas, pues prioriza la aplicación de multas económicas elevadas en lugar de ofrecer alternativas de regulación y organización para estas actividades recreativas.
La falta de diálogo aviva la inconformidad
Uno de los principales reclamos de los sectores afectados es la ausencia de consultas previas. Representantes de clubes off-road, empresarios turísticos, operadores de rutas recreativas y especialistas ambientales señalan que la iniciativa fue construida sin tomar en cuenta la experiencia de quienes practican o dependen de estas actividades.
“Se legisla desde el escritorio, sin abrir espacios de diálogo. Las soluciones reales surgen cuando se involucra a quienes conocen el terreno. Aquí lo único que ofrecen son sanciones, sin construir un marco legal participativo”, expresaron representantes de agrupaciones recreativas.
Expertos coinciden en que cualquier política pública relacionada con actividades recreativas en zonas naturales debe surgir de un proceso colectivo, donde se evalúen los riesgos, las oportunidades y las necesidades reales de conservación.
Sanciones sin ofrecer alternativas seguras
La reforma presentada establece sanciones económicas que van desde los 16 mil 971 hasta los 22 mil 628 pesos, equivalentes a 150 a 200 UMAs, para quien ingrese con un vehículo todoterreno a las áreas protegidas. Sin embargo, la propuesta no establece rutas autorizadas, horarios definidos, ni planes de manejo ambiental previos.
En la práctica, actualmente no existen rutas oficiales delimitadas para estas actividades, lo que ha propiciado que muchas rutas sean improvisadas o informales. Lejos de corregir ese vacío legal, la iniciativa opta por criminalizar una actividad que ha funcionado sin regulación durante años.
Clubes y asociaciones recalcan que el desorden actual es consecuencia directa de la falta de regulación gubernamental. “No se puede sancionar a quienes nunca recibieron reglas claras. Primero debe establecerse dónde, cuándo y cómo puede practicarse esta actividad sin dañar el entorno”, señalaron.
Autoridades federales prohíben de manera permanente la circulación de vehículos RZR's en la Sierra de Santiago por riesgo a flora y fauna. https://t.co/2jaQIWFaeT
— EL NORTE (@elnorte) August 30, 2024
Actividades recreativas que generan economía regional
Más allá de la recreación, los paseos en RZRs y rutas off-road representan un importante motor económico para varias comunidades rurales y pequeñas empresas de Nuevo León. Hoteles, restaurantes, talleres, servicios turísticos y proveedores de equipos especializados dependen en buena medida del flujo de visitantes que cada fin de semana recorren las montañas, ríos y zonas rurales.
El temor de quienes viven de esta actividad es que una prohibición rígida termine por afectar no solo a quienes practican el deporte, sino también a las economías locales que giran alrededor de esta práctica. “Prohibir sin regular es el camino más corto para matar una actividad que da sustento a muchas familias”, comentaron líderes de clubes recreativos.
Adicionalmente, advierten que la falta de alternativas formales podría generar prácticas clandestinas, donde el desorden y la falta de vigilancia terminen provocando los mismos daños ambientales que la ley dice querer evitar.
Modelo punitivo, sin programas de prevención contra RZRS
Otro punto que despierta suspicacia es el enfoque punitivo del proyecto, donde todo gira en torno a las multas económicas, sin incluir programas de educación ambiental, prevención o vigilancia continua. Para muchos, el verdadero trasfondo de la reforma es un esquema recaudatorio, más que un interés genuino de conservación.
“No hay programas de concientización, no hay planes de manejo de visitantes, no hay vigilancia efectiva. Pero eso sí, se imponen sanciones de 22 mil pesos. Parece más un negocio para las arcas públicas que un programa de protección ambiental”, cuestionaron los detractores.
Especialistas ambientales remarcan que los modelos internacionales exitosos en la gestión de rutas off-road combinan varios elementos: zonas definidas, permisos, cupos controlados, inspección de vehículos, programas de capacitación, cuotas de acceso y sanciones razonables en caso de violaciones claras.
El debate apenas comienza en el congreso
La propuesta de Waldo Fernández apenas inicia su camino legislativo, pero ya ha polarizado las opiniones en el estado. Por un lado, sectores ambientalistas radicales respaldan las prohibiciones tajantes. Por otro lado, los propios usuarios y operadores de rutas recreativas exigen una solución equilibrada, que proteja el entorno sin eliminar de golpe una actividad recreativa que tiene años de historia.
El riesgo es que, si se mantiene el modelo de prohibición absoluta, el problema solo se trasladará a rutas ilegales sin control, con consecuencias aún peores para la naturaleza y la seguridad de los practicantes. “El desorden no lo genera el usuario, lo genera el vacío legal del propio gobierno”, insistieron líderes de asociaciones recreativas.
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