El cobro de piso se ha convertido en una práctica cotidiana para transportistas que operan autobuses foráneos en Nuevo León. Empresarios del sector denunciaron que deben pagar cuotas mensuales de hasta 40 mil pesos para poder ingresar pasajeros a la zona metropolitana. La extorsión incluye amenazas, agresiones físicas y daños a las unidades. El escenario vuelve a evidenciar las fallas en la estrategia de seguridad encabezada por Samuel García.
Lejos de tratarse de casos aislados, los testimonios revelan un esquema constante que opera desde hace años. Los cobros se realizan a plena luz del día, en espacios públicos y con total impunidad. Para los afectados, el problema ya no es solo la violencia, sino la normalización del abuso.
Autobuses Bajo Amenaza Para Poder Operar
Cuotas De 9 A 40 Mil
Los propietarios de autobuses que trasladan pasajeros desde otros estados para realizar compras o trámites, como la obtención de visas, relataron que un grupo que se ostenta como sindicato les exige pagos mensuales. Las cuotas van de los 9 mil a los 40 mil pesos, dependiendo del número de unidades que ingresan a la ciudad.
La advertencia es directa. Si el pago no se realiza, los operadores son golpeados, los parabrisas de los camiones son destruidos o se enfrentan a amenazas con armas de fuego. En al menos un caso documentado, un chofer fue agredido físicamente por negarse a entregar el dinero.
Las unidades suelen dejar pasaje en puntos estratégicos del Primer Cuadro de la ciudad, como la Macroplaza y zonas aledañas. Es en esos lugares donde los presuntos extorsionadores se acercan para exigir la cuota, lo que deja en evidencia la falta de control y vigilancia efectiva.
Un Sistema De Cobros Que Deja Rastro
Los transportistas explicaron que el cobro de piso no se maneja de manera informal. Tras entregar el dinero, reciben comprobantes de pago virtuales enviados por WhatsApp. Los recibos aparecen membretados con el nombre del presunto sindicato e incluso muestran logotipos de organizaciones reconocidas.
El dinero se deposita en cuentas bancarias específicas, a nombre de particulares. Para los afectados, este nivel de organización demuestra que no se trata de improvisaciones, sino de una estructura que opera con continuidad y sin obstáculos visibles.
Uno de los empresarios afectados relató que paga alrededor de 10 mil pesos mensuales. Cuenta con 15 autobuses que ingresan a Nuevo León dos veces por semana. Al final del año, el monto representa una pérdida considerable que impacta directamente en los costos del servicio y en las condiciones laborales de los choferes.
Nuevo León Y Una Inseguridad Que Se Repite
El problema no se limita al transporte de pasajeros. Días antes, transportistas de carga también denunciaron extorsiones en distintos municipios del área metropolitana, incluyendo San Pedro, Ciénega de Flores y García. En algunos casos, incluso señalaron a agentes de Tránsito como presuntos responsables de cobros ilegales.
Además, las extorsiones a autobuses foráneos se han reportado en Santa Catarina, particularmente en la zona cercana al Consulado General de Estados Unidos. La expansión territorial del problema refuerza la percepción de que la inseguridad opera sin freno en distintas regiones del estado.
Cobro De Piso Se Recrudece
Representantes del sector transportista aseguraron que no reconocen ni están afiliados al grupo que exige las cuotas. Aun así, cuestionan por qué estas personas pueden vigilar rutas, identificar unidades y cobrar dinero sin enfrentar consecuencias.
En este contexto, la administración estatal encabezada por Samuel García enfrenta señalamientos por la falta de acciones concretas. El discurso oficial sobre avances en seguridad contrasta con la experiencia diaria de quienes trabajan bajo amenaza.
El cobro de piso no solo representa una pérdida económica. Para los transportistas, simboliza un entorno donde operar legalmente implica pagar por protección informal. Mientras estas prácticas continúen y no existan resultados visibles, la percepción de fracaso en materia de seguridad seguirá creciendo en Nuevo León.
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