- Clausura de empresa en la Sierra De Picacho afectaría a 500 Familias
- Matrimar denuncia nuevo intento de extorsión estatal como estrategia de presión
- Respuesta de Baltazar no disipa sospechas
- Samuel lo niega todo
- Se agrava el caso: se une Fiscalía Anticorrupción
- 26 De Febrero: Samuel Pierde El Caso
- Crece el rechazo empresarial: CAINTRA abuchea a Samuel García
Más de 500 familias quedaron nuevamente en la incertidumbre tras la clausura ordenada por el gobierno estatal. El caso de Matrimar denuncia nuevo intento de extorsión estatal no solo expone un conflicto administrativo, sino un golpe directo al sustento de cientos de trabajadores. La clausura de empresa en la sierra de Picacho y las presiones económicas del gobierno estatal de Samuel García se han convertido, según la firma, en herramientas de presión que hoy impactan de forma brutal al empleo regional. Hoy el caso fue resuelto a favor de la empresa y el sector industrial se encuentra disgustado con el gobernador.
Clausura de empresa en la Sierra De Picacho afectaría a 500 Familias
La madrugada del martes, alrededor de la 1:00 AM, inspectores estatales acudieron a las instalaciones de Matrimar con la orden de cierre inmediato. La escena no solo significó sellos y cintas oficiales. Representó el freno abrupto a la fuente de ingreso de más de 500 familias.
La empresa calificó la clausura de empresa en la sierra de Picacho como un acto ilegal. Asegura que ocurrió días después de rechazar exigencias económicas que, según su versión, no tenían fundamento jurídico.
Mientras el gobierno argumenta presuntas violaciones ambientales, la compañía insiste en que cuenta con auditorías permanentes, licencias vigentes y permisos en regla. Por ello, sostiene que la acción fue desproporcionada y políticamente motivada.
Para los trabajadores, la clausura no fue un trámite administrativo. Fue la amenaza inmediata de perder el sustento diario.
Matrimar denuncia nuevo intento de extorsión estatal como estrategia de presión
El mensaje difundido por la empresa es contundente: Matrimar denuncia nuevo intento de extorsión estatal como parte de un patrón que se repite. La firma habla de una “extorsión disfrazada de acoso institucional”.
Según su versión, en diversas ocasiones autoridades estatales han utilizado inspecciones y clausuras como mecanismo de presión. Cada episodio ha significado incertidumbre, suspensión de operaciones y desgaste económico.
La compañía afirma que días antes del cierre rechazó pagos millonarios que consideró ilegales. Tras esa negativa, se ejecutó la clausura. Esa secuencia, sostienen, no es coincidencia.
El señalamiento es directo contra la administración de Samuel García. Para la empresa, el poder público se está utilizando como instrumento de intimidación económica.
Clausura de empresa profundiza desconfianza
La reiterada clausura de empresa en la sierra de Picacho ha generado un clima de desconfianza entre empresarios y trabajadores. Cuando las decisiones administrativas se perciben como arbitrarias, se debilita la credibilidad institucional.
Especialistas advierten que la estabilidad económica depende de reglas claras. Sin embargo, la narrativa de la empresa describe un entorno donde las normas se aplican con discrecionalidad.
El señalamiento contra Samuel García es severo. La firma sostiene que su administración ha permitido que se utilicen facultades públicas para ejercer presión política.
Respuesta de Baltazar no disipa sospechas
La respuesta pública de Baltazar Martínez Ríos solo sirvió para alimentar las sospechas de una red de corrupción política. Al decir que únicamente intentó “ayudar a mediar”, el dirigente estatal de MC confirmó su intromisión en asuntos de fiscalización estatal. Su versión no aclara por qué un líder partidista negocia pagos millonarios en lugar de las autoridades hacendarias correspondientes. Esta supuesta mediación deja más preguntas que respuestas y refuerza la percepción de una gestión opaca entre partido y gobierno. La empresa insiste en que fue arrinconada por negarse a participar en este esquema de negociación irregular y peligrosa.
El caso expone una línea peligrosa entre gestión política y presión institucional. Mientras la empresa insiste en que fue arrinconada por negarse a cubrir exigencias económicas, la administración de Samuel García enfrenta señalamientos sobre el uso discrecional de inspecciones y medidas ambientales. La controversia no solo compromete la narrativa oficial de legalidad y transparencia, sino que abre un debate más amplio sobre cómo se ejerce el poder en Nuevo León.
Samuel lo niega todo
El Gobernador Samuel García ha optado por el cinismo al calificar como un “tema jurídico” lo que a todas luces parece una extorsión orquestada desde su círculo cercano. Resulta insultante para la inteligencia de los ciudadanos que el Mandatario insista en un supuesto adeudo fiscal, cuando la propia Tesorería estatal emitió un documento oficial donde certifica que la empresa Matrimar tiene cero adeudos. Esta contradicción deja claro que el Gobierno prefiere fabricar deudas antes que explicar por qué su partido pide millones en efectivo.
La postura de García frente a la legalidad es sumamente peligrosa, pues se atrevió a declarar que los amparos otorgados por jueces “no valen” simplemente porque no se ajustan a sus intereses recaudatorios. Al descalificar por decreto las suspensiones legales, el Gobernador no solo exhibe un preocupante autoritarismo, sino que intenta justificar el acoso contra las pedreras que se niegan a ceder ante sus intermediarios. ¿Cómo creer en su palabra si su propia administración se contradice en los expedientes oficiales?
Lo más turbio del asunto es el silencio cómplice del Gobernador sobre el actuar de Baltazar Martínez, líder de su partido, quien fue captado exigiendo “pagos fuertes” para permitir la operación de negocios. García se limita a decir que “no hay nada de corrupción”, pero no ofrece una sola prueba que desmienta el audio o explique el destino de esos 700 millones que dice que le deben. Todo apunta a que el discurso del “impuesto ambiental” es solo el disfraz de una maquinaria de recaudación ilegal que opera a plena luz del día.
Se agrava el caso: se une Fiscalía Anticorrupción
Dentro de la denuncia a la Fiscalía destaca la participación de figuras clave del partido Movimiento Ciudadano como presuntos intermediarios. Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de MC, es señalado por sugerir pagos en parcialidades para levantar los sellos. Según el relato, estas reuniones buscaban “arreglar” la situación jurídica de la empresa mediante el pago de cuotas externas.
Incluso se menciona al Alcalde de Cerralvo, quien habría intervenido para facilitar una comunicación directa con el Secretario General de Gobierno. La propuesta final supuestamente consistía en entregar 50 millones de pesos en efectivo en un plazo de cinco semanas. A cambio de este dinero, los funcionarios prometieron que el estado dejaría de molestar a la organización.
26 De Febrero: Samuel Pierde El Caso
La planta pedrera de Cerralvo retomó actividades ayer luego de un fallo judicial que puso fin a tres meses de parálisis. Un Juez de Control determinó que la reapertura de Matrimar era necesaria para proteger los derechos de la empresa frente a las suspensiones del estado. Este caso de extorsión estatal en Nuevo León ha escalado hasta la Fiscalía Anticorrupción tras revelarse audios que implican a funcionarios del Gobernador Samuel García.
El cinismo de MC no tiene límites: captan a Mariana brindando con el responsable de extorsionar a empresas. El caso Matrimar y los 50 mdp pedidos por Baltazar Martínez son el combustible de una campaña ilegal que ya nadie puede ignorar en NL. 💸
— La Razón NL (@Larazon_nl) March 11, 2026
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El Fin del cerco estatal en Cerralvo
La tarde de ayer, las lonas de clausura desaparecieron de la entrada principal de la compañía minera. Por mandato judicial, agentes de la fiscalía se encargaron de retirar oficialmente los sellos de la Secretaría de Medio Ambiente. Este movimiento permitió que una plantilla de 500 trabajadores regresara a sus puestos tras semanas de incertidumbre laboral y económica.
Inmediatamente después de liberar el acceso, el impacto logístico fue evidente en los alrededores de la planta. Decenas de unidades de carga pesada formaron una fila de varios kilómetros para reabastecerse de materiales de construcción. Por consiguiente, la reactivación de este centro operativo alivia la presión sobre el suministro de insumos básicos para la industria regia.
Ciertamente, el juez resolvió que las medidas cautelares del estado estaban afectando el derecho al trabajo de forma desproporcionada. Al no existir un sustento técnico sólido para mantener el cierre, la orden de reapertura fue contundente y de ejecución inmediata. Así, la empresa busca recuperar el tiempo perdido durante el conflicto que inició desde el pasado mes de noviembre.
Crece el rechazo empresarial: CAINTRA abuchea a Samuel García
La cúpula industrial de Nuevo León rompió el protocolo diplomático para denunciar, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el sistemático acoso financiero que sufre el sector. Durante la asamblea de CAINTRA, el gobernador fue recibido con un estruendoso abucheo que evidencia el hartazgo generalizado por las extorsiones estatales. Las empresas locales acusan a la administración naranja de asfixiar el desarrollo económico mediante el cobro de cuotas ilegales y la retención arbitraria de permisos para operar.
Este desplante masivo en Cintermex no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de reclamos encabezados por la COPARMEX y la CANACO. Los industriales denunciaron que el gobierno de Samuel García ha convertido al sector productivo en su “caja chica”, utilizando auditorías y multas como herramientas de presión para exigir moches. Mientras el discurso oficial presume un estado de vanguardia, la realidad para los dueños de negocios es una red de corrupción administrativa que pone en riesgo miles de empleos y la estabilidad de las inversiones.
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