El gobierno de California ha interpuesto una demanda federal contra el expresidente Donald Trump, acusándolo de haber desplegado de forma inconstitucional a la Guardia Nacional en Los Ángeles sin la autorización del gobernador estatal. El hecho ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial y la autonomía de los estados en materia de seguridad interna. Las autoridades californianas sostienen que la medida representa un riesgo alarmante para la democracia y exigen que la justicia federal revoque la acción tomada durante su administración.
La controversia se remonta a una serie de protestas registradas en Los Ángeles en respuesta a redadas migratorias realizadas por autoridades federales. Según el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, el expresidente utilizó estas manifestaciones como pretexto para enviar tropas sin consentimiento estatal, algo que no ocurría desde mediados del siglo XX.
Señalan extralimitación presidencial de Trump
El gobernador Gavin Newsom, uno de los críticos más consistentes del expresidente Trump, expresó en sus redes sociales que la decisión de movilizar fuerzas militares estatales sin consulta ni autorización local constituye una “crisis fabricada” con fines políticos. A su juicio, esta acción no solo fue ilegal, sino también un claro intento de concentrar el poder y sentar un precedente peligroso en la relación entre el gobierno federal y los estados.
“El expresidente creó miedo y terror con el propósito de intervenir en la jurisdicción de California”, publicó Newsom. Para el mandatario estatal, la medida no fue una reacción legítima ante una emergencia, sino un acto deliberado para reforzar el control presidencial mediante el uso de fuerzas armadas.
Newsom también aprovechó para hacer un llamado a sus colegas gobernadores en el resto del país. Les pidió no normalizar este tipo de conductas y defender la autonomía de sus respectivas entidades, sin importar la afiliación partidista. “Todo gobernador —rojo o azul— debería rechazar esta escandalosa extralimitación”, declaró.
En su comunicado, agregó que este tipo de acciones constituyen una amenaza directa contra los principios democráticos del país. “Esto no es una exageración ni un malentendido. Es un paso inequívoco hacia el autoritarismo que debilita los cimientos de nuestra república”, advirtió el gobernador.
El fiscal Bonta exige revocación
El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldó las declaraciones de Newsom y confirmó que ya se ha presentado la demanda formal ante una corte federal. En ella, se solicita anular el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump, señalando que fue ejecutado sin respaldo legal ni necesidad operativa, ya que las fuerzas del orden locales tenían controlada la situación.
“El uso de tropas militares para responder a manifestaciones que ya estaban bajo control es profundamente injusto y una falta de respeto al compromiso de estos hombres y mujeres”, indicó Bonta. Aseguró además que la ley es clara: el despliegue de la Guardia Nacional solo puede realizarse si el gobernador del estado lo aprueba o lo solicita formalmente, cosa que en este caso no ocurrió.
El fiscal explicó que esta es la primera vez desde 1965 que un presidente de Estados Unidos recurre a este tipo de intervención sin el visto bueno del mandatario estatal. Añadió que Newsom ha demostrado en el pasado que sabe cuándo y cómo activar a la Guardia Nacional, como lo hizo durante los incendios forestales de Los Ángeles o durante las protestas de 2020, cuando el contexto lo requería.
“Esta acción por parte del expresidente rompe con décadas de respeto institucional entre el gobierno federal y los estados. Se está pasando por alto la autoridad de los líderes locales y eso no puede ni debe permitirse”, enfatizó Bonta.
NEW: We are suing Donald Trump.
— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025
This is a manufactured crisis. He is creating fear and terror to take over a state militia and violate the U.S. constitution.
The illegal order he signed could allow him to send the military into ANY STATE HE WISHES.
Every governor — red or…
Riesgo de precedente autoritario
La demanda no solo busca revertir la acción tomada en aquel momento, sino también establecer un precedente legal que limite futuras extralimitaciones del poder federal. Las autoridades californianas temen que si no se confronta esta decisión en los tribunales, futuros presidentes puedan verse tentados a hacer lo mismo en otros contextos, debilitando los pesos y contrapesos que protegen a la democracia estadounidense.
El despliegue de tropas sin la aprobación del gobernador se dio en un momento de alta tensión social y política en el país, en el que diversos sectores protestaban por temas migratorios, raciales y de justicia social. Lejos de calmar la situación, la presencia militar generó mayor incertidumbre y fue interpretada por muchos como un intento de intimidación desde el poder ejecutivo.
Las declaraciones del gobernador y del fiscal general reflejan la postura de un estado que históricamente ha defendido con firmeza su soberanía frente a Washington. En este caso, el enfrentamiento no solo es político, sino jurídico, y tendrá implicaciones importantes para la interpretación del papel del presidente en la seguridad interna de los estados.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado su apoyo a la demanda y advierten que se trata de una “lucha necesaria” para garantizar que la Constitución siga protegiendo las libertades individuales y el federalismo. Diversos analistas jurídicos han señalado que la acción de Trump podría violar tanto la Ley de Insurrección como el Posse Comitatus Act, que restringe el uso de fuerzas militares federales para tareas civiles sin autorización legislativa.
La demanda también cobra relevancia en el contexto electoral estadounidense, donde los antecedentes de los candidatos y sus decisiones pasadas suelen influir en la percepción del electorado. Los críticos del expresidente argumentan que este tipo de acciones forman parte de un patrón más amplio de abuso del poder ejecutivo, algo que ya ha sido objeto de investigaciones anteriores en otros ámbitos.
Por ahora, el caso se encuentra en manos de un tribunal federal, que deberá analizar los argumentos presentados por el estado de California. Mientras tanto, el debate sobre los límites del poder presidencial en situaciones de orden público vuelve a ocupar el centro de la discusión nacional.
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