La crisis de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública en Nuevo León. Mientras ciudadanos reportan fugas constantes, malos olores y drenajes colapsados en distintas zonas del área metropolitana, el organismo insiste en la posibilidad de aplicar un incremento en sus tarifas.
El malestar ha ido en aumento, pues los habitantes denuncian que pagan puntualmente por un servicio de mantenimiento que en la práctica no reciben. A la par, los cuestionamientos hacia el Gobierno del Estado se intensifican, ya que, lejos de ofrecer soluciones inmediatas a un problema de insalubridad que afecta la calidad de vida, se destinan cientos de millones de pesos a proyectos vinculados con la organización del Mundial de Futbol 2026.
Insalubridad en calles de Nuevo León
El colapso del drenaje en Nuevo León es evidente en colonias y avenidas principales. Vecinos señalan que las fugas generan escurrimientos de aguas negras y malos olores que permanecen durante días sin recibir atención. En algunos casos, incluso se han observado desbordamientos que afectan banquetas y vialidades, convirtiéndose en un riesgo sanitario y de movilidad.
La situación se agrava porque, de acuerdo con testimonios de habitantes, gran parte de la zona metropolitana enfrenta un deterioro continuo en las redes de drenaje. Esto no solo pone en entredicho la eficiencia del organismo, sino también la prioridad del Estado frente a un problema que impacta la salud pública.
Organizaciones civiles como Redes Quinto Poder han exigido que Agua y Drenaje transparente el destino de los recursos que recauda de los usuarios, así como los montos que recibe del erario. Para ellos, resulta inaceptable que mientras las tarifas se mantienen altas y se plantea un aumento, los ciudadanos continúen viviendo entre aguas residuales.
AL DÍA CON DON MAQUI
— El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) September 22, 2025
POR: YARESSI ORTEGA
2 w/09/2025
Juan Ignacio Barragán: del agua al drenaje político pic.twitter.com/LuRbRMhSJw
Prioridades cuestionadas del gobierno estatal
Uno de los puntos más polémicos ha sido la diferencia entre el discurso oficial y la realidad en las calles. El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha privilegiado proyectos relacionados con la infraestructura del Mundial. De acuerdo con cifras oficiales, se destinaron más de 500 millones de pesos en señalización turística, mientras gran parte de la población exige atención a problemas básicos de insalubridad.
Las críticas apuntan a que el gobernador parece enfocado en proyectar una imagen internacional de modernización, mientras en colonias del área metropolitana la gente convive con fugas y drenajes colapsados. Para líderes sociales y ciudadanos organizados, esta decisión de prioridades refleja un alejamiento de la realidad cotidiana de miles de familias.
Ciudadanía exige rendición de cuentas
El tema de drenaje colapsado no es nuevo, pero en los últimos meses alcanzó niveles sin precedentes. Reportes de fugas se acumulan sin una solución clara y, aunque el organismo insiste en que trabaja para modernizar sus sistemas, los resultados no se ven reflejados en las colonias.
La exigencia de rendición de cuentas se centra en tres aspectos:
- Saber cómo se utilizan los recursos que AyD recauda en concepto de mantenimiento.
- Aclarar cuál es el destino de los fondos que recibe de parte del gobierno estatal.
- Garantizar que las tarifas no aumenten mientras el servicio siga en condiciones deficientes.
Los reclamos ciudadanos coinciden en que el incremento de tarifas sería un golpe injustificado, ya que implicaría pagar más por un servicio que cada día se degrada más.
Futuro incierto para Agua y Drenaje
La falta de respuestas claras y el silencio en torno a posibles cambios en la dirección de la paraestatal aumentan las dudas. Ciudadanos y organizaciones cuestionan por qué Juan Ignacio Barragán, director de AyD, se mantiene al frente pese a la crisis más severa en décadas.
Para los críticos, el organismo ha demostrado incapacidad para dar soluciones efectivas, lo que ha derivado en una pérdida de confianza en las instituciones. Mientras tanto, el descontento social crece y las denuncias se multiplican, con la exigencia de que se deje de invertir en proyectos secundarios y se atienda lo más urgente: garantizar agua potable y drenaje funcional.
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