En medio de quejas por falta de agua en numerosos sectores del estado, el incremento en las tarifas de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ha encendido las alarmas entre legisladores locales y organizaciones civiles. El aumento, que se calcula en un 2.1 % en tan solo un mes, supera ampliamente los índices inflacionarios actuales, generando malestar en miles de familias que consideran injusto pagar más por un servicio deficiente o inexistente.
Desde municipios como García y Escobedo, hasta colonias en Monterrey y Apodaca, son frecuentes los reportes ciudadanos sobre interrupciones constantes en el suministro, baja presión y cortes sin previo aviso. Pese a ello, los recibos no solo continúan llegando, sino que lo hacen con montos más elevados, afectando particularmente a las familias de menores ingresos.
En este contexto, varias voces del Congreso de Nuevo León se han levantado para exigir explicaciones al gobierno estatal sobre la lógica detrás del alza y sobre el destino de los recursos recaudados. Diputados de diferentes partidos coinciden en que el ajuste tarifario no tiene justificación, sobre todo si se considera que la prestación del servicio ha ido en detrimento.
Aumento mayor que la inflación
El alza de tarifas entre mayo y junio ha sido uno de los temas más discutidos en el Legislativo local. Según los registros, el ajuste fue de 2.1 %, una cifra que equivale a 7.5 veces la inflación mensual, lo que pone en entredicho el criterio utilizado para autorizar dicho incremento.
La diputada local Iraís Reyes, junto a otros legisladores, denunció que AyD está aplicando tarifas fuera de toda proporción, especialmente en un periodo donde la mayoría de los ciudadanos enfrenta dificultades económicas. Para la legisladora, la situación es más grave considerando que miles de familias ni siquiera reciben el servicio de forma regular.
“El abuso es doble”, declaró Reyes. “Por un lado no hay agua, y por el otro lado, sí hay cobros cada vez más altos. ¿Cómo puede justificarse eso?”, cuestionó.
A esta preocupación se sumaron también colectivos ciudadanos que han documentado casos en los que el cobro mensual se duplicó o triplicó sin explicación técnica clara. Algunos de estos casos provienen de zonas donde, paradójicamente, el suministro ha estado suspendido por semanas.
La asociación Agua Regia analiza las descargas de una planta tratadora de AyD hacia el Río Pesquería y detecta varios contaminantes.
— elnortelocal (@elnortelocal) June 17, 2025
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Exigen auditoría y freno a abusos
Ante la creciente presión, diversos grupos parlamentarios han solicitado una auditoría independiente a las finanzas de Agua y Drenaje, para determinar si el alza está respaldada por estudios financieros reales o si responde a una estrategia de recaudación sin base.
De acuerdo con la diputada Jessica Martínez, “no se trata solo de revertir el aumento. Se trata de que la paraestatal explique por qué sube los precios mientras continúa sin invertir en infraestructura básica.”
La discusión en el Congreso también se ha vinculado con otras problemáticas que enfrenta AyD. Entre ellas, las recientes denuncias por descargas contaminantes al Río Pesquería, lo cual contradice el discurso ambientalista del gobierno estatal.
“Suben el precio del agua cuando ni siquiera garantizan que esta llegue limpia ni que se maneje de forma responsable. Hay un problema de fondo con la operación de AyD y el gobernador no lo está atendiendo”, señaló el legislador priista Jesús Nava.
Los llamados no solo han sido dirigidos al Ejecutivo, sino también a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para que obligue a AyD a publicar su estructura tarifaria y los criterios utilizados para modificarla.
Crecen quejas y desconfianza ciudadana
En redes sociales y foros comunitarios, las quejas contra Agua y Drenaje se han multiplicado. Algunos usuarios comparten fotografías de sus recibos, acompañadas de mensajes de indignación, mientras que otros organizan peticiones para frenar los cobros o lograr ajustes proporcionales.
Familias de García y Santa Catarina, por ejemplo, reportan pagos de hasta 400 pesos mensuales en colonias donde no hay suministro más que un par de veces por semana. Otros casos extremos provienen de Guadalupe, donde ciudadanos aseguran haber recibido recibos de más de mil pesos, pese a no haber tenido agua por más de diez días consecutivos.
Además, la falta de canales eficientes de atención al cliente ha agravado la molestia, ya que muchos usuarios aseguran no recibir respuesta cuando presentan su inconformidad.
Para algunos activistas ambientales, el tema trasciende lo económico. “Es un tema de justicia social y de derechos humanos. El agua no es un lujo, es un derecho. Y no puede condicionarse al pago de tarifas abusivas”, expresó la vocera de un colectivo ciudadano en defensa del agua.
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